El informe final que presentaron este lunes los diputados de la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos le da durísimo al presidente de la República, Rodrigo Chaves.
El informe resume el trabajo de año y cuatro meses de la comisión por el polémico tema y deja ver que durante la campaña política anterior hubo serias fallas, incluso, pide a la Fiscalía hacer investigaciones exhaustivas porque podrían haberse dado delitos.
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Entre las conclusiones menciona que existen suficientes elementos para determinar que se operaron al menos dos estructuras paralelas que financiaron la campaña presidencial del ahora presidente de la República, Rodrigo Chaves y las candidaturas de diputaciones del Partido Progreso Social Democrático (PSD).
La primera bajo la figura de un fideicomiso irregular y usado de forma ilegal, denominado Costa Rica Próspera.
La segunda funcionó por medio de la cuenta del Banco Nacional de Costa Rica, a título personal de Sofía Agüero Salazar (asistente de Rodrigo Chaves en la campaña), a la que ingresaron la suma de $195.816.27 (unos ¢101 millones) para gastos de campaña.
“Se determinó que el fideicomiso Costa Rica Próspera pagó a la empresa Madisson Revolution S.A, facturas por un monto cercano a los $83.724,36, (unos ¢43 millones) además una factura pagada a la misma empresa por el señor Jack Loeb Casanova por un monto de $49.861,25 (unos ¢25 millones); montos pagados en función de la campaña electoral 2022 a favor del Partido Progreso Social Democrático y utilizados entre otras cosas para pautar en los canales de televisión 6 y 7″, detalla el informe, el problema con el tema es que la ley prohíbe que los fideicomisos sirvan para financiar campañas políticas.
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Donaciones ilegales
Otra de las conclusiones detalla que se determinó la compra de bonos de la campaña del PSD por parte de los extranjeros Zufan Lin y su pareja Weiwen Hu, ellos habrían hecho la donación de ¢120 millones por medio de su hijo De Sheng Lin Hu, lo que establece una burla a la prohibición de participación de personas extranjeras que prohíbe el Código Electoral en su numeral 128.
Además, “la donación en especie del extranjero José Norte, de ciudadanía argentina, quien contribuyó con información de ‘Big Data’, y no fue reportado al Tribunal Supremo de Elecciones, así confirmado por el señor Federico Cruz Saravanja, violenta también el artículo 128 del Código Electoral”.
Otras de las irregularidades encontradas fueron los gastos ordinarios en la campaña del PSD como alimentación y publicidad, que se cancelaban con bonos, lo que evitaba que dichos gastos fueran reportados ante el TSE, como corresponde, concretamente en el caso del pago de 25 mil almuerzos al señor Fengliang Zheng Zheng y el pago de Alejandro Brokke Álvarez, que brindó servicios de comunicación para la campaña de Rodrigo Chaves.
Además, el informe revela que “se comprobó que la campaña del entonces candidato Rodrigo Chaves, utilizó dos centros físicos paralelos de campaña, no reportados ante el TSE; con bienes, colaboradores asalariados, equipo informático y de comunicación. Dichos centros operativos fueron una casa del exdiputado Humberto Vargas Corrales y el Hotel Aurola, así confirmado por el mismo Calixto Chaves Zamora”.
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Como parte de las recomendaciones de la Comisión se pidió “remitir todas las actas certificadas al Tribunal Supremo de Elecciones y al Ministerio Público, para que valoren si existen elementos que contribuyan a las investigaciones instruidas por cada instancia”.
Este informe de mayoría que será discutido en el Plenario Legislativo, fue firmado por los diputados Dinorah Barquero y Francisco Nicolás, de Liberación Nacional; Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana; Ariel Robles, del Frente Amplio y Jorge Dengo, del Liberal Progresista.
La diputada oficialista, Ada Acuña, presentó un informe de minoría aparte y el diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República, no asistió a la comisión, por lo que se desconoce si presentará también un informe aparte.