La propuesta del nuevo paquetazo de impuestos que presentaría el Gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI) incluye uno que podría ocasionar la pérdida de la casita.

Así lo advierten autoridades municipales, que serían las responsables de cobrarlo en caso de aprobarse.

“El impuesto que propone el Gobierno triplicaría el pago que usted hace actualmente, por ejemplo, por una casa de 50 millones de colones ahorita el dueño paga ¢75 mil, pero de pasar el impuesto deberá desembolsar ¢225.000 al año”, explica Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

Esto sería así en caso de tener solo una propiedad. El cobro se aplica al excedente de los ¢20 millones (30 millones en el ejemplo de una vivienda de 50). Pero en caso de que usted tenga más de una propiedad, deberá pagar el impuesto completo por todas.

Para el alcalde de Alajuelita, Modesto Alpízar, esto sería “una aberración" y negativo para un cantón en el que viven mayoritariamente familias de escasos recursos.

El golpe sería grande. Con el impuesto como está hoy, diciembre del 2019 lo cerraron en Alajuelita con una morosidad del 49% de los contribuyentes (poco más de ¢669 millones).

Es decir, 49 de cada 100 dueños no pudo pagar los impuestos.

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La cobija ya no da

Otro que alzó la voz apenas escuchó la propuesta fue el alcalde de San Rafael de Heredia, Verny Valerio, quien asegura sentirse preocupado y afligido por la idea.

“Es una situación sumamente grave. Si usted paga 250 mil colones a la municipalidad por su casa, ahora va a pagar ¢750 mil. Una propuesta de este tipo es absolutamente grosera”, sostuvo.

Dijo Valerio que los alcaldes conocen la realidad social y económica de sus ciudadanos y asegura que, por ello, sabe que la gente ya no puede con más impuestos.

“Los propietarios no van a poder pagar, muchas personas van a perder sus propiedades. Esta nueva ocurrencia del Gobierno va a generar un caos social y va a ser peor la cura que la enfermedad”, comentó.

En esa idea lo respalda Karen Porras, quien recordó que en caso de que una persona no pague sus impuestos, la muni puede pasar la deuda a cobro judicial y muchas personas podrían ver en peligro la casa que con tanto esfuerzo compraron en caso de no poder pagar la deuda.

“Hay mucha gente que en este momento, por la crisis de la pandemia, ha perdido su trabajo o ha visto disminuidos sus ingresos por una menor jornada. Eso se está reflejando en las municipalidades, la gente está dejando de pagar los impuestos, no tiene plata para hacerlo”, explicó.

Recordó que muchas familias con casa de interés social pueden optar por la exoneración de los impuestos, pero si hacen alguna mejora y el valor de la propiedad superar los ¢20 millones ya deben pagar los impuestos que rigen hoy.

Carolina Vega, coordinadora de bienes inmuebles de la muni de Alajuelita, habló de los arreglos de pago, que es a lo que llegan algunas personas morosas, pero también en eso hay peros.

“Un arreglo de pago puede hacerse por un monto manejable, pero si los impuestos suben como se plantea podrían llegar a deber un millón y ni siquiera con un arreglo de pago podrían cancelar porque la cuota sería demasiado alta (unos ¢300.000)”.

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Complicado

Porras recordó que hay muchas personas humildes que heredaron sus casas en lugares cuya plusvalía subió bastante (Escazú, Santa Ana o Curridabat, por ejemplo).

Habló de adultos mayores que siempre han vivido en casas de esos cantones que podrían no tener cómo hacer frente al aumentazo.

Otra preocupación de las munis es que la Contraloría General de la República les mida su gestión por la morosidad que tengan. De subir los impuestos, subirían las deudas y bajarán puntos en la clasificación municipal.

“Es un tema complejo, esperamos que se haga una revisión, como ya dijo el ministro de Hacienda Elián Villegas”, comentó Porras.

El malestar también se da porque Hacienda estaría convirtiendo a las municipalidades en sus recaudadoras de impuestos, pues estas deberían cobrar y pasarle la plata al Gobierno.

“Si se aprueba esa ley y no nos queda más que aplicarla tendríamos que hacer procesos judiciales (para cobrar deudas), pero eso no es lo que queremos. Nos sirve que las casas sigan en manos de sus dueños, si no tendríamos que darles mantenimiento y ¿con cuál plata si habría menos contribuyentes?”, se preguntó el alcalde alajueliteño.