EscucharLos datos financieros que presentó el gobierno del presidente de la República, Rodrigo Chaves, tienen muchos errores que provocaron la desconfianza de la Contraloría de la República.
Así lo dio a conocer la misma Contraloría, ya que asegura que encontró falta de información y a reportes erróneos hechos en las entradas y salidas de dinero del Presupuesto General del 2022.
“Las situaciones identificadas en la Liquidación de los Ingresos y Egresos del Presupuesto de la República, generan que el déficit financiero se encuentre subestimado en al menos 1,0% del Producto Interno Bruto (PIB) para el ejercicio 2022, asimismo, otras partidas muestran incertidumbre en su registro presupuestario, afectando con ello la integridad, la calidad de la información financiera, la rendición de cuentas y la toma de decisiones, requisitos básicos para la transparencia de la gestión presupuestaria”, revela el informe.
Israel Barrantes, auditor de la municipalidad de San José, explicó que esto significa que, en pocas palabras, el gobierno no registró todos los gastos realizados en este periodo.
“En resumen, no se registró por parte del gobierno todos los ingresos que tuvieron en concepto de impuestos y tampoco se registraron todos los gastos realizados, los que se estima que fueron mucho mayor en comparación a los ingresos reportados”, explicó.
Además, aclaró que el déficit --que no es más que el equivalente a pérdida en empresas privadas-- es mucho mayor al que el gobierno ha informado.
Esta información, revelada por la Contraloría, afecta la calidad de la información financiera, la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.
“Sobre todo se ve afectado el costarricense debido a que el gobierno con esto no brinda prestaciones de bienes y servicios adecuados”, señaló Barrantes.
En el mismo documento también se informó que al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), no dispone de la información necesaria para sostener los datos presentados.
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También se informó que el gobierno no reportó las liquidaciones de salarios del Ministerio de Educación Pública (MEP), producto de reclamos administrativos, bonos salariales no nominalizados y otros gastos pagados de más.
La Teja quiso saber la posición del Gobierno y no hemos recibido respuesta.
