El 3 de diciembre fue designado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Con esto, la ONU pretende que la gente reflexione sobre el estado de los derechos humanos de esta población; sin embargo, en Costa Rica los datos no son nada alentadores y más bien dan vergüenza.
El país cuenta con normas de Derechos Humanos y hasta con una ley, la 7600, que pretende la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. También está el reglamento y la Convención Sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, pero en la práctica no hay tanta igualdad.
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La Defensoría de los Habitantes informó este domingo que, de lo que llevamos del 2023, se han recibido 376 denuncias relacionadas con temas de discapacidad, de las cuales, 54 de cada 100 fueron presentadas por la violación del derecho a la seguridad social. La mayoría de estos casos se debió a inconformidades con las pensiones del Régimen No Contributivo, básicamente a la tardanza en los procedimientos para otorgar dichas pensiones.
La segunda causa que generó mayor presentación de denuncias fue la violación del derecho a la protección especial y en el tercer lugar se ubicó el derecho a la educación.
La Defensoría también informó que durante este año se hizo una investigación sobre los servicios asistenciales, domiciliares y otros servicios de la comunidad brindados por el Programa de Convivencia Familiar del Conapdis.
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Entre los principales hallazgos y conclusiones se encuentra que el modelo no cumple con el derecho a vivir en la comunidad, ya que aísla a las personas con discapacidad.
La Defensoría hace un llamado a la población y a las instituciones a trabajar en el tema de la igualdad y la creación de oportunidades para esta población vulnerable.