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Don Gabino Castillo descubrió este jueves, a la mala, que la Ley 7600 no siempre lo va a defender para que pueda transitar libremente.
El chofer de un autobús que da servicio a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), entre Grecia y en San Pedro, no quiso llevar al señor, que es discapacitado. La unidad no tiene rampa para silla de ruedas y, al parecer, el chofer podrá negarle el servicio cada vez que lo vea.
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La razón es que la UCR no pidió en el contrato que hizo con el transportista, que la unidad debería contar con una rampa para silla de ruedas.
Como protesta, don Gabino se mandó debajo del autobús para que el camión no se fuera, lo que le costó quedar detenido y aunque ese mismo jueves, a eso de las 9 p.m. lo liberaron, tendrá que esperar en su casa la notificación para presentarse ante los juzgados por obstruir el libre paso.
La Dirección Jurídica del Consejo de Transporte Público (CTP) explicó que los servicios especiales (transporte de estudiantes, trabajadores y turismo) no están obligados legalmente a contar con una rampa para el acceso de personas con discapacidad, pues en la Ley 7600 no se señala dicha obligación, únicamente se le exige a autobuses que presten el servicio de ruta regular.
"En caso de que las necesidades de los estudiantes lo requieran, los padres o el centro educativo, podrán pactar dentro del contrato que se firme con el operador o permisionario de transporte de estudiantes, que la unidad cuente con el dispositivo necesario para el acceso de personas con discapacidad, siendo esta la opción con la que cuentan los interesados en un servicio como el que se requiere, siendo que por ley no es obligación que las unidades de estudiantes tengan rampa", explicó el CTP a través de su oficina de prensa.
Juan Rodríguez, jefe regional de la Policía de Tránsito, explicó que el oficial no hizo el parte porque la unidad contaba con el permiso del CTP y no era de transporte público.
Óscar López, diputado del Partido Accesibilidad sin Exclusión, aseguró que lamenta lo sucedido, pero que lo que sucedió, aunque no es moral es legal, y la empresa estaba a regla. Expresó que la falta de rampas se debe a la poca solidaridad de los empresarios que no compran unidades que sean accesibles para cualquiera.
