EscucharAlgunos de los nuevos funcionarios ganarán en el futuro mejores sueldos pero perderán una serie de privilegios e incentivos que elevan el gasto público.
Otros perderán un poco del salario para equiparse a las nuevas reglas.
Eso dice el proyecto de ley que este lunes presentó el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. En caso de aprobarse entraría en vigencia un año después.
Por ejemplo, una secretaria del Gobierno Central que gana hoy unos ¢442 mil pasaría a ganar ¢600 mil. En cambio, una secretaria del Poder Judicial, con funciones y responsabilidades similares, pasaría de ¢1,3 millones a esos ¢600 mil.
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, y el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, dieron a conocer detalles del plan este lunes.
El proyecto propone que los nuevos funcionarios públicos tengan salarios más competitivos, pero se quitarán pagos e incentivos que inflan los sueldos y aumentan el gasto público.
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La idea es establecer ocho grupos o “familias” de salario que se ganarán en cualquiera de los puestos del Estado.
Esas familias salariales son las siguientes: servidores públicos en general, área de salud, cuerpos policiales, educación, de universidades públicas, de administración de la justicia, del servicio exterior y personal de confianza.
“Cada familia tendrá una columna salarial global, que sólo aplicará para las contrataciones nuevas”, dijo Garrido.
Pese a que los salarios serán más altos, la ministra aclaró que el Estado se ahorrá ¢70 mil millones anuales.
“Esto nos permitirá atraer y retener el mejor talento al sector público, lo cual se traducirá en un mejor servicio, garantizará la disciplina fiscal, pues con el salario global se evitará el crecimiento acelerado o la creación de nuevos pluses salariales a futuro”, dijo Garrido.
Una balanza
El plan pone un tope a las vacaciones de 30 a 20 días, amplía en dos meses la licencia de maternidad (nacimientos prematuros, hijos con discapacidades o enfermedades crónicas, partos múltiples) y establece el permiso para la paternidad (no entraron en detalles en este aspecto).
La eventual ley impediría que los empleados actuales se trasladen a este sistema para no presionar las finanzas públicas. Permitir el traslado implicaría subirles el salario de forma inmediata a funcionarios con pocos años en el Estado.
El proyecto mantiene los estímulos no salariales por buen desempeño, pero el empleado que en dos evaluaciones saque menos de setenta en la nota podrá ser despedido.
Más parejo
Rónald Gutiérrez, de BDS Asesores, comentó que el proyecto es una buena iniciativa para que un Estado con reglas tan diversas en cuanto a contrataciones, promociones o ascensos tenga uniformidad.
Aclaró que algunas instituciones del Estado no entran en este régimen y se trata de aquellas que están en competencia, como el ICE, el INS y los bancos, por poner ejemplos.
“Es fundamental que esta iniciativa procure la eficiencia que todos deseamos en la administración públca siempre y cuando haya respeto por los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas”, manifestó Gutiérrez.
