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La recuperación de los Bonos Proteger que se entregaron por error a 1.309 funcionarios se complicó, ya que en algunos casos el Gobierno no ha podido ni siquiera encontrarlos para notificarles que deben devolver la plata o podrían ser sometidos a un proceso penal.
En un reporte enviado por el Ministerio de Trabajo se informó que luego de que se conociera que trabajadores del Estado recibieron esa ayuda --que no les correspondía--, la ministra de Trabajo, Marta Esquivel, solicitó a 107 instituciones del Estado el apoyo necesario para facilitar la gestión de cobro y para determinar si se efectuaron procedimientos disciplinarios en contra de los funcionarios que recibieron el bono.
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Hasta la fecha se han obtenido diversas respuestas de 21 instituciones, algunas de ellas han confirmado que se hicieron las devoluciones, otras afirman que han realizado procedimientos administrativos para sancionar a los involucrados y algunas han asegurado que hay personas que ya no laboran para el Estado.
En este último caso, al contar con la información completa, el órgano director procederá con la gestión de cobro administrativo.
Asimismo, según el último corte efectuado por la Tesorería Nacional, se logró recuperar casi dos millones de colones de montos depositados por funcionarios
Pese a los avances, el Ministerio de Trabajo reconoce que ha tenido dificultades para notificar a las personas debido a que la información con la que se cuenta no es suficiente, faltan datos como direcciones, correos electrónicos, números de teléfono, entre otros.
Por otro lado, la jerarca de Trabajo solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) un criterio técnico-legal para definir si se debe proceder con un proceso judicial contra la empresa que brindó el servicio de la plataforma mediante la cual se gestionó el Bono Proteger.
Esta consulta fue remitida a la PGR el 29 de junio de este año y se está a la espera de la debida respuesta.
