EscucharEl polémico caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que provocó el allanamiento a Casa Presidencial el pasado fin de semana, estará de primero en la lista del Ministerio Público.
“Se manejará con prioridad porque los delitos que se están investigando están sancionados con penas de prisión de tres años y eso significa que el plazo de la prescripción es muy corto. Tenemos poco tiempo”, aseguró Emilia Navas, la fiscal general.
El allanamiento que se realizó el fin de semana anterior en Casa Presidencial, Mideplan y casas de habitación de funcionarios de Presidencia duró más de 30 horas, pues se efectuó entre las 8 a. m. del viernes y las 4 p. m. del sábado.
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El Ministerio Público detalló que el presidente Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales y el ministro de Planificación, Luis Daniel Soto, son investigados por los presuntos delito de prevaricato (cuando un funcionario dicta una resolución contraria a la ley) y violación de datos personales.
Los otros investigados son los asesores Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos, Diego Fernández, Luis Eduardo Salazar y la jefa de Despacho de Presidencia Felly Salas, estos cinco son investigados por los supuestos delitos de abuso de autoridad y violación de datos personales.
La fiscal Navas explicó que durante los allanamientos decomisaron documentos, celulares y computadoras, tanto oficiales como personales, incluidos los del presidente Alvarado, los cuales se devolverán una vez que sean revisados por la Fiscalía.
Las acciones se llevaron a cabo tras cuatro denuncias interpuestas por ciudadanos y luego de llevar a cabo una mesa de trabajo con expertos en delitos informáticos, que asesoraron cómo extraer la información requerida.
La fiscal insistió en que para solicitar la acción judicial ante los magistrados de la Sala Tercera, debían presentar un caso bien fundamentado, que fue interpuesto el jueves pasadas las 7 de la noche.
Los magistrados de la Sala Tercera trabajaron hasta las 3 a. m. del viernes y a esa hora notificaron que habían acogido la solicitud.
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Sin evidencia de borrones
“El operativo fue exitoso, se realizó con respeto. No hay evidencia de que se haya eliminado información de los dispositivos electrónicos que tenemos secuestrados”, indicó Navas.
Forenses digitales accedieron a los servidores de Casa Presidencial e hicieron respaldos de la información que contenía.
El paso siguiente será analizar la evidencia que se recopiló y si se requieren otras diligencias para buscar más evidencia.
Por ejemplo, en el caso del celular del presidente Alvarado, los investigadores revisarán todo el contenido, pero solo podrán incluir en el expediente los elementos que tengan relación con los hechos investigados.
“Este es un caso donde hay personas de los supremos poderes y que tienen un fuero. Únicamente pueden ser indagadas cuando toda la investigación haya terminado, se haya formulado una acusación y se haya remitido el caso a la Asamblea Legislativa para que el fuero sea levantado. Contra esas personas no se puede hacer una declaración indagatoria”, recalcó Navas.
Navas indicó que los insumos que brinden las investigaciones de la Defensoría y la Asamblea Legislativa servirán para complementar el caso.
La Fiscalía no descartó más diligencias judiciales en los próximos días.
