EscucharLa Fiscalía pidió la apertura de un juicio contra el presidente de la República, Carlos Alvarado, acusado de prevaricato por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). La pena máxima por este delito es de seis años de prisión.
También solicitó que se abra un proceso judicial contra el diputado Víctor Morales Mora, también acusado por el mismo delito.
El fiscal general de la República, Warner Molina, pidió que se le informe a la Asamblea Legislativa la solicitud de juicio, para que los 57 diputados analicen si le quitan la inmunidad al presidente Alvarado y al diputado Morales, quien era ministro de la Presidencia cuando reventó el caso UPAD.
El prevaricato es un delito regulado en el artículo 357 del Código Penal y establece: “Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos”.
La UPAD fue una unidad de análisis de datos creada por el presidente para, según él, ayudar a su gobierno en la toma decisiones.
La bronca fue cuando se destapó que manejaba datos confidenciales de los costarricenses.
Eso ocurrió exactamente el 17 de febrero del 2020, cuando apareció publicado en el periódico oficial La Gaceta un decreto del ministerio de Planificación que, entre otras cosas, decía que la UPAD podía tener acceso “a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera”.
La UPAD fue creada cuando Alvarado arrancó su gobierno en el 2018, o sea, funcionó dos años antes de que se destapara el tamal.
¿Por qué esta atollado Víctor Morales? Porque en octubre de 2019, Alvarado firmó el decreto ejecutivo junto con Víctor Morales Mora, entonces ministro de Presidencia, y Daniel Soto Castro, viceministro de Planificación (en ese momento firmó como ministro en ejercicio). El decreto buscaba incorporar a la UPAD en el organigrama del Ministerio de Presidencia.
El 21 de febrero de 2020, el periódico digital CR Hoy publicó un artículo titulado: “Alvarado crea oficina para obtener datos confidenciales de los ticos”. A partir de ese artículo comienza el escándalo que incluso llevó al allanamiento de Casa Presidencial, por primera vez en la historia, el viernes 28 de febrero del 2021.
