Rodrigo Chaves, Joselyn Chacón y Luis Amador figuran como sospechosos en la investigación que la Fiscalía desarrolla por el presunto cierre anómalo del Parque Viva.
La Fiscalía informó que este miércoles se llevó a cabo un allanamiento en el Ministerio de Salud como parte de las investigaciones que se siguen por ese caso.
“La Fiscalía General informó que se encuentra ejecutando un allanamiento, en la sede central del Ministerio de Salud, junto con las secciones Anticorrupción y Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial.
“Se pretende recolectar prueba para incorporar al expediente 22-000049-0033-PE, seguido por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad. En este caso, se investiga la orden sanitaria que inhabilitó el permiso de funcionamiento de un centro de eventos ubicado en Alajuela“, confirmó el Ministerio Público por medio de un correo electrónico.
El prevaricato y el abuso de autoridad son delitos que van de la mano y se castigan con cárcel.
El prevaricato es un delito que comete un funcionario público o una autoridad judicial dictando, de manera consciente, una resolución que es injusta o contraria a la ley, o esté fundamentada en hechos falsos.
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Quien incurre en esta falta comete también un abuso de autoridad y no cumple con las obligaciones adquiridas en el marco de sus competencias, por lo que debe enfrentar un proceso legal en el que se sienten las responsabilidades y sanciones correspondientes.
Según el artículo 357 del Código Penal de nuestro país, este delito se castiga con prisión de dos a seis años.
Parque Viva estuvo cerrado por tres meses
El Parque Viva fue cerrado el 8 de julio de 2022 luego de que así lo ordenada el Ministerio de Salud. Se mantuvo así durante tres meses hasta que la Sala IV resolvió un recurso de amparo que revirtió el cierre.
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La Sala Constitucional concluyó que esa orden sanitaria se dictó sin “fundamento certero alguno” y que, más bien, se trató de un “castigo” para el diario La Nación, medio de comunicación del Grupo Nación, del cual Parque Viva también forma parte, “por lo ya publicado y dado a conocer respecto al mandatario, su partido político y su forma de pretender gobernar”.
De acuerdo con la resolución, la orden de Salud se giró de previo, sin contar con los criterios técnicos del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja, del servicio de emergencias 911 y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), pues todos se emitieron en fechas posteriores.