EscucharEl fiscal general, Carlo Díaz, hizo una revelación que deja al descubierto las terribles y sucias prácticas que se están dando en la política nacional.
Él llegó a la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa ya que pidió comparecer de forma voluntaria para dar su versión sobre las cosas que se han dicho últimamente sobre su participación en una polémica sociedad y sobre un viaje que hizo con una subalterna a Europa.
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Díaz aseguró ante los diputados que su nombre fue puesto como integrante de la sociedad solo para llenar un campo y eso se dio hace muchos años, cuando aún ni siquiera era fiscal.
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Por otra parte, señaló que el viaje no tuvo nada ilegal. Él fue invitado por la DEA y le dijeron que podía llevar a un acompañante y él decidió llevar a una fiscal; ella pidió un permiso sin goce salarial y los boletos fueron pagados por el propio fiscal, por lo que asegura que no hay nada de malo.
Díaz asegura que ha sido víctima de una campaña de desprestigio por parte del Poder Ejecutivo, algo que considera injusto porque dice que solo está cumpliendo con su trabajo.
Dicha campaña habría iniciado después de dos hechos concretos: el allanamiento en el Ministerio de Salud por el caso de Parque Viva, y los allanamientos en la Caja Costarricense de Seguro Social, donde se detuvo a Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la institución.
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Campaña de desprestigio costó una millonada
El jerarca dijo que han recibido información de que se pagaron 6 bitcoins, es decir, $350.000 (¢182 millones) para desprestigiarlo a él por las investigaciones sobre presunta corrupción en el gobierno y para emprender una campaña contra la Sala IV por declarar inconstitucional la polémica ley jaguar.
Díaz también dijo tener pantallazos del ofrecimiento de una granja de troles que fue pagada con la millonada.
La Teja le consultó al fiscal si están rastreando de dónde venía el dinero para saber quién anda detrás de esas jugadas sucias, pero él dijo que eso era muy difícil de rastrear porque las personas supieron hacer la jugada sin dejar rastro.
El fiscal general también reveló que el Ministerio Público investiga un aparente uso de vehículos decomisados al narcotráfico para vigilarlo a él, a diputados, magistrados y “a todo el que se oponga”. Se trata de vehículos que se ponen al servicio del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), ente adscrito al Ministerio de la Presidencia. La investigación se abrió a raíz de una denuncia.
