La familia de un adulto mayor, de apellido Núñez, deberá pagar de su bolsillo un cuentón en el hospital La Católica por la atención de su ser querido, quien estuvo ahí por complicaciones por el covid-19.

Los parientes habían puesto un recurso en la Sala Constitucional, el 3 de setiembre, solicitando que la Caja Costarricense de Seguro Social asumiera los ¢43,6 millones que costó el internamiento; sin embargo, los magistrados lo declararon sin lugar.

Según el abogado que presentó el recurso, el señor, de 73 años, presentó síntomas de covid-19 el 16 de agosto de este año. Al ver que se estaba poniendo mal muy rápido y debido a su condición de salud previa, lo llevaron ese mismo día al hospital La Católica para que le hicieran la prueba para ver si tenía el virus.

Cuando les dijeron que el resultado era positivo, su familia tomó la decisión de internarlo en ese centro médico, por lo menos hasta estabilizarlo, ya que sus niveles de oxigenación habían caído mucho.

“Lo que se esperaba que fueran dos o tres días de internamiento estándar, se convirtió en un internado prolongado y de alta complejidad, que ameritó su ubicación en una cama de cuidados intensivos y la colocación de una amplia gama de medicamentos”, dice el recurso del que La Teja tiene copia.

Ante esto, según explicó el abogado de apellido Dávila, la familia ha tenido que hacer un esfuerzo financiero muy grande para pagar los millones por el internamiento del adulto mayor, algo que se sale de sus capacidades económicas.

No quiso ser atendido

En el documento se dice que desde el 31 de agosto la familia empezó a pedir el traslado a un hospital nacional, pero que lo rechazaban por la saturación de los centros médicos. En la respuesta de la Caja se dice que las primeras solicitudes las recibieron el 2 de setiembre y admitieron el rechazo, debido a la falta de camas para su atención.

Pero lo que inclinó la balanza para la decisión de los magistrados fue que Nuñez, un día antes de que lo internaran en el centro médico privado, había ido a Emergencias del Calderón Guardia y rechazó la atención médica.

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“Es importante acotar que el 15 de agosto de 2021, el amparado fue atendido en el servicio de Emergencias del hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, oportunidad en la cual Núñez, utilizando vocabulario soez y con una actitud agresiva, rechazó ser vacunado en contra del coronavirus, también se negó a que se le aplicara la prueba respectiva, y a recibir la atención médica pertinente. Bajo este orden de circunstancias, no encuentra esta Sala un elemento en el proceder de la institución, que haya conllevado una amenaza o lesión del derecho a la salud del paciente”, se lee en la respuesta del recurso.

Desde el 6 de setiembre, el adulto mayor cuenta con una cama para su atención, en el sistema de seguridad social, lo que demuestra que el rechazo del traslado no se debió a alguna arbitrariedad, sino a una realidad objetiva, como lo es la saturación hospitalaria generada por el covid-19. Otro punto por el que los magistrados no le dieron la razón a la familia.