Pacientes que requieren de un trasplante de hígado y la familia de uno que murió esperándolo, demandarán a la Caja Costarricense del Seguro Social y a algunos de sus médicos, pues consideran que se incurrió en múltiples fallas cuando se operó a una mujer que no lo requería con urgencia, todo por, supuestamente, ganar los millones que significaba liderar el Centro Nacional de Trasplante Hepático.

Así de tajante es la posición de la Fundación Vida Nueva Donación y Trasplantes, quien lidera la denuncia, la cual es acuerpada por el bufete B Molina Abogados.

Este caso data del 2014, cuando el Hospital Calderón Guardia anunció que no realizaría más trasplantes de hígado debido a que no tenía los recursos ni las condiciones necesarios. Todos los pacientes que requerían ese órgano pasaron entonces a ser atendidos en el Hospital México.

Sin embargo, el 3 de marzo del 2016, una noticia conmocionó a los pacientes que estaban en lista de espera. Una mujer de apellido Venegas, que en apariencia no estaba tan grave como para requerir el trasplante, recibió la operación en el Calderón Guardia.

La gravedad y urgencia de este tipo de pacientes se mide mediante una escala llamada MELD.

Según explicó Rosibel Arrieta, presidenta de la Fundación Vida Nueva, en ese momento los doctores a cargo tenían un grupo de WhatsApp, donde informaron que había un donante de hígado y le preguntaron al doctor del México cuál era el paciente con el indicador más alto y él lo dijo, pero, en apariencia, otro médico aseguró que la paciente del Calderón estaba más grave, que lo tenía en 31. Arrieta sostiene que en realidad esta paciente tenía un MELD de 14.

“Pero ellos no se imaginaban que la prensa sacaría la noticia del trasplante y cuando los demás pacientes vimos la foto, nos dimos cuenta que era la persona que había presentado un recurso de amparo para que la Caja le diera al hospital Calderón Guardia lo que necesitaba para hacer los trasplantes”, añadió Arrieta.

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“El Calderón Guardia había dejado de trasplantar y sus autoridades habían hecho presión diciendo que no volverían a hacerlo hasta que les dieran el presupuesto que necesitaban", añadió la vocera de la fundación.

Quedaron por fuera

Esta decisión significó dejar por fuera a cuatro pacientes que, según el abogado Boris Molina Mathiew, estaban más graves que Venegas y eran compatibles con el órgano. La lista en total era de once personas con un índice MELD más alto.

Uno en dicha lista era el agricultor José Francisco Hidalgo Fallas, de 24 años, vecino de San Marcos de Tarrazú, quien en el momento de la operación estaba muy grave, en cuidados intensivos y falleció el 26 de mayo del 2016, dejando una niña de tres años.

“Mi hijo estaba de primero en la lista para hacerse un segundo trasplante, en eso apareció el órgano, pero no respetaron las reglas de la lista. Conforme el tiempo pasa esto me genera más desesperación, se hizo algo muy malo”, aseguró el padre de fallecido, Francisco Hidalgo.

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En dicha lista también estaba un menor de edad, cuya madre Elsa Umaña, reclama que fue discriminado.

“Los médicos realizaron dicha cirugía sin estar debidamente autorizados, sin que existiera un procedimiento aprobado para realizar nuevamente este tipo de cirugías en el Calderón y sin que hubiera una lista de espera en este centro médico confeccionada mediante criterios técnicos y científicos”, cuestionó Umaña.

“Queremos que la verdad salga a la luz, que se determine qué pasó, si las cosas se están haciendo bien o mal, si hubo dinero o no, y si el sistema no está haciendo bien las cosas, que se corrija. En estos casos no hubo equidad ni prioridad, hicieron y deshicieron con una lista de pacientes, se rieron de nosotros”, reclamó Umaña.

Al banquillo

La firma B Molina Abogados asegura que elevará el caso a los tribunales por la vía penal y contencioso-administrativa, pues no permitirán que esta situación se repita.

En primera instancia, se estaría valorando demandar a la Caja, a dos cirujanos de trasplante de hígado de apellidos Sánchez y López y al coordinador institucional de la Caja del Programa de Donación y Trasplante de Órganos, de apellido Agüero.

“Desde el punto de vista penal, el tráfico de órganos exige que haya una comercialización del mismo, es lo que falta en este caso para tramitarlo por esa vía, no habría cómo comprobar si lo comercializaron o no.

"La fundación no considera que haya sido pagado, entonces es todavía peor si no hay contenido económico, porque utilizaron el caso de una señora para apropiarse de un órgano y ganar esa puja político-administrativa para ver cuál sería el mejor postor para el Centro de Trasplante Hepático, el cual venía dotado de financiamiento” , aseguró Molina.

"A propósito de un caso en donde muere un paciente, consideramos negligencia médica y por eso tomaremos todas las acciones en el ámbito penal y de derechos humanos para poder actuar. Valoraremos plantear una denuncia penal a partir de los yerros que se pudieron detectar en el proceso y lideraremos otro tipo de acciones legales como en el plano contencioso-administrativo para que este caso no se repita”, aseguró el abogado Molina Acevedo.

Ahora la lista de espera la lleva el Ministerio de Salud y los pacientes y la fundación reclaman que no hay transparencia ni información en cuanto al MELD de cada paciente.

Silencio

La Teja intentó conocer la posición de la Caja y de los médicos involucrados. Se envió una lista de preguntas para que los implicados se refirieran; sin embargo, en la oficina de prensa de la institución indicaron que ningún vocero se referiría al tema por tratarse de una posible denuncia.

El Colegio de Médicos abrió un procedimiento administrativo disciplinario en contra de los tres médicos mencionados a raíz de una denuncia interpuesta por Elsa Umaña.

“Posterior al análisis a nivel del Tribunal de Ética se recomendó el archivo del expediente; sin embargo, la familia del paciente interpuso un recurso que aún se encuentra en curso, por lo que por el momento no hay una resolución definitiva”.

“De esta manera, como el proceso se encuentra vigente no se pueden brindar más detalles”, explicó la Fiscalía de dicho colegio.