Este lunes 22 de agosto, ante una comisión de la Asamblea Legislativa, la representante del proyecto Canal Verde Interoceánico (Grupo Cansec) afirmó que el expresidente Carlos Alvarado y su ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, le pidieron plata para apoyar el proyecto.
Al final del día, Alvarado informó que tomará acciones legales contra Lucía D’ Ambrosio Vite para proteger su honor ante lo que calificó como una infamia.
Según dijo D’Ambrosio, quien llegó con el supuesto recado del expresidente y del ministro de Transportes fue Pablo Heriberto Abarca, quien era diputado y es ahora embajador de Costa Rica en México.
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¿Qué sigue ahora?
Para dar una respuesta a esta pregunta buscamos al abogado Manuel Rojas Salas, educador de la Universidad de Costa Rica (UCR) y quien nos explicó que el expresidente Alvarado perfectamente puede denunciar a la empresaria por difamación.
Como escuchamos muy seguido que se denuncia por difamación, quisimos una mejor explicación sobre qué significa y cuál es la diferencia entre difamación, injurias y calumnias.
“El expresidente ya dijo que buscó a sus abogados, lo que seguiría es una acusación en defensa del honor. Voy a explicarlo mejor. Los delitos contra el honor buscan proteger esa situación en la cual yo tengo un buen nombre, una cierta fama, puede ser con la familia, con los vecinos, en el barrio y afectaron esa buena fama, por eso se llama difamación porque se afecta la fama que yo creo que tengo”, explicó Rojas.
Un tema delicado
“Es que, generalmente, las personas, casi todas, nos vemos como seres humanos decentes, gente de bien, honrados. Hay situaciones en las cuales uno considera que le afectaron el buen nombre que uno siente que tiene y que las demás personas tienen de uno. Es un tema bastante delicado”, añadió.
“La difamación ocurre también cuando, por ejemplo, el chismoso o la chismosa de un barrio comienzan a decir que fulana siempre se va en las noches y llega al otro día con plata porque les hace favorcitos a los hombres de la cintura para abajo, o sea, que se prostituye, eso es difamar, no se dice directamente sino a otras personas, aclaró el abogado.
La calumnia es cuando se le dice a una persona que cometió un hecho delictivo, como decirle a alguien que es violador o agresor de mujeres. “En realidad, injurias, calumnias y difamación, son primas hermanas, por lo parecidas, pero son diferentes”.
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“El funcionario público está expuesto a que la gente lo cuestione, pero eso no da derecho a que se diga de él lo que se le da a uno la gana. Si el expresidente demanda por difamación, le tocará a la señora demostrar que lo que dijo fue cierto”, señala Rojas.
¿Por dónde andaría el tema legal?
Para esta respuesta hablamos con Olman Ulate Calderón, exjuez penal y actual miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados.
“Si la señora empresaria (D’Ambrosio), ante la posible acusación del expresidente no demuestra que es cierto lo que dijo, un juez puede condenarla por difamación.
“Por difamación no hay cárcel, sino que se establece un monto económico y, en un supuesto de que la empresaria no demuestre, le tocará pagar todo lo que le costó defenderse al expresidente, lo que se llama costas procesales, o sea, el costo del proceso”, explica don Olman.
“Si eventualmente el juez dice que la señora sí demostró que el expresidente y el exministro de Transportes le pidieron dinero por medio del exdiputado Abarca, entonces al expresidente le tocaría pagar todas las costas procesales de la señora y ella incluso podría contrademandarlo”, añadió Ulate.
“Además, y eso es algo que ya debería estarse dando y de oficio por parte del Ministerio Público y la Procuraduría de la Ética, hay que investigar al expresidente y al exministro, así como al exdiputado, por el delito supuesto de cohecho, que es cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, pide o recibe dinero para hacer favores.
“Por este delito sí hay pena de cárcel, estamos suponiendo que, si en algún momento se demuestra que el expresidente, el exministro y el exdiputado cometieron delito de cohecho, podrían ir a la cárcel entre dos y ocho años”.
A veces es común que una persona lance acusaciones contra otra sin tener en cuenta que eso podría traerle consecuencias legales.