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El exjuez de familia Gilberth Gómez quiere matar dos pájaros de un solo tiro: darle trabajo cogiendo café a las personas que estén atrasadas con la pensión alimentaria y así ayudar a las haciendas a conseguir cogedores, algo que en los últimos años les ha costado un montón.
Gómez espera que esta iniciativa sea acogida por algún diputado o candidato a la presidencia y así conseguir breteadores para las cogidas de café y garantizar que los niños reciban los recursos para su alimentación y cuido.
Pero ¿cómo funcionaría? Bueno, los detalles deben ser afinados, pero según la propuesta de Gómez, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podría servir de intermediario entre las haciendas cafetaleras y los detenidos por pensión, para realizar un contrato donde lo que gane el apremiado se le retenga hasta que se cubra el monto adeudado y luego podrá disponer de su dinero y libertad para seguir haciendo frente a sus obligaciones.
“Siempre se recurre a la mano de obra extranjera, pero nosotros la tenemos disponible pensando en los presos por pensión alimentaria, dado que no se requieren estudios profesionales para hacerlo y tenemos la oportunidad para que el Estado, por medio del Ministerio de Trabajo, contrate a esas más de trescientas personas y les den la oportunidad”, explicó el juez pensionado.
Eso sí, es importante que la persona quiera hacerlo, no se le impondría. Además, se les tendría que suspender la orden de estar presos porque el trabajo sería en la finca que lo contrate, mediante la solicitud al juez de pensiones para que autorice el pago en tractos.
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“El patrono sería el que retiene el pago y lo deposita en los juzgados y que entre las condiciones del contrato se establezcan requisitos como el firmar cada día una asistencia para garantizar que está cumpliendo con la jornada”, agregó don Gilberth.
Si inclumplen por una situación injustificada, o huye, el patrono lo comunica al Ministerio de Trabajo y se le deja sin efecto este beneficio.
Esta logística la ven complicada en una finca cafetalera, que prefirieron no ser identificados, donde aseguran que no podrían hacerse cargo de cuidar que la persona no se fugue, porque tienen muchos trabajadores, pero dejando eso de lado, le pareció interesante la propuesta.
Este cafetalero explicó que en el caso de ellos sí cuentan con un albergue donde se les podría dar abrigo, pero la alimentación aunque subsidiada sí corre por cuenta de los trabajadores, pero no todos disponen de uno.
Además, hay montos de pensión muy elevados a los que ese trabajo no les permitiría juntar el monto para pagar.
Se apuntaría
La Teja consultó a Fabricio Rojas, un joven cartago, de 26 años, quien hace dos años tuvo la ruda experiencia de ser detenido por deber la pensión y lo pusieron con la población penitenciaria regular, aunque fue tan solo por tres días, aún no sabe por qué, pero asume que por saturación del módulo, recuerda que fue una experiencia muy desagradable.
“Durante los primeros cinco años de su hija siempre aportó lo que podía y hasta leche, pañales, toallas húmedas, lo que necesitara, sin tener fijada una pensión judicial, pero hace dos años, cuando empecé a luchar por los derechos de mi niña, la mamá de mi hija me la puso (pensión) por 92 mil colones mensuales y no me deja ni verla”, explicó Rojas.
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Actualmente, bretea en un supermercado, pero teme que aunque cuente con un trabajo permanente, por la situación del país se quede sin trabajo en cualquier momento y vuelva a caer preso.
Por eso asegura que él sí se apuntaría a esta iniciativa y hasta propondría ampliarlo a otras cosechas, no solo de café, como papa, piña, caña e incluso metería hasta la pavimentación de calles.
“La veo con buenos ojos, es una oportunidad para la persona que además está generando un gasto al Estado dentro de la cárcel, pero tiene que haber una flexibilización del departamento de pensiones porque actualmente muchos profesionales no consiguen trabajo y deben pulsearla igual en el mismo campo en el que está uno y no les será posible pagar una pensión muy alta”, contó Rojas.
Inconvenientes
La presidenta de la Fundación de Apoyo al Hombre (Fundiapho), Eugenia Quesada, afirmó que su representados apoyan toda iniciativa que abra oportunidades laborales, pero sabe que no será una solución para todos porque muchos no saben coger café y a otros les queda muy largo las fincas.
“Para los de baja escolaridad o muy jóvenes, esta opción es genial, siempre que se les facilite hospedaje o esté cerca de su casa y que no les exijan destinar todo el dinero que se ganen a pagar la pensión y dejarlos sin forma de subsistir ellos”, agregó Quesada.
Otro detalle a considerar es que son trabajos por temporada y en el caso de los cafetales de la zona de occidente, la cosecha es por tres meses, mientras que en los de Turrialba son un poco más extensos, de siete meses.
En el Ministerio de Agricultura ven con buenos ojos la iniciativa.
“Me parece qué hay que crear soluciones innovadoras tanto para el bienestar de los trabajadores obligados alimentarios como de los menores o personas que requieran de los recursos, por mi parte apoyaré en lo que esté en mi marco de acción y según las competencias del ministerio”, dijo Renato Alvarado, ministro de Agricultura.
La Teja consultó al Icafé y el Ministerio de Trabajo, pero al cierre de edición no respondieron la consulta.
