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Joshua Rojas sufrió de bullying por dos años, durante este tiempo fue asaltado durante por otro estudiante, esto ocurrió en el CTP de Calle Blancos.
La triste situación se dio entre el 2014 y 2015, hasta que un día Joshua no soportó más y le contó a su mamá, Shirley Sandí, quien sin pensarlo se fue a la institución a hablar con la directora y la coordinadora de Educación Especial y exponerles el caso
"Joshua es un chico especial, no escucha bien, habla poco y tiene un carácter muy suave. Es un muchacho tan noble que algunas personas se aprovechan de esa condición. Cuando él estalló y nos contó que había un compañero del colegio que todos los días, durante dos años, le robó el dinero que le dábamos y solo le dejaba los pasajes para regresar a casa, fuimos a buscar solución, pero ahí nos dijeron que tomarían cartas en el asunto, pero que tuviéramos en cuenta que el muchacho al cual acusábamos, venía de una familia disfuncional", explicó la preocupada madre.
En el colegio también les dijeron que la mayor sanción que se podía aplicar era una suspensión de 30 días, lo cual indignó aún más a Shirley, quien consideró que eso sería más bien un premio para el agresor, pues se iría 30 días de vacaciones y luego regresaría como si nada.
Por eso, interpuso en la Fiscalía adjunta penal juvenil la denuncia 16-000108-0623-PJ por robo desde el 15 de febrero del 2016 y a la fecha, no se han comunicado para indicarles cuándo será el juicio y qué ha pasado con el caso.
Además, para evitar que siguieran abusando de Joshua lo cambió de colegio, pues vio que no habría una corrección real del problema.
"Consideré que era necesario denunciar al joven para que recibiera una lección en el estrado que lo hiciera dudar en caso de querer aprovecharse nuevamente de una persona vulnerable. Solo pedía que lo pusieran a hacer trabajo comunal, que pintara un pabellón del colegio, o hiciera un mural contra el bullying, alguna medida quizá más efectiva que planeaba dejar en manos de los jueces. Además, quería enseñarle a mi hijo la forma correcta de defenderse", aseguró Sandí.
Rescata labor de trabajo social
Dos años después, la denunciante no sabe si la denuncia se traspapeló, si se engavetó, si se perdió o si sigue haciendo fila en nuestro sistema de justicia, por lo que se pregunta ¿cómo pretenden erradicar el bullying, si no se le da la seriedad que se requiere? Consultamos a la Fiscalía sobre el tema, pero al cierre de edición no habían suministrado la respuesta.
Lo que sí quiso rescatar del Poder Judicial fue al departamento de Trabajo Social y Psicología, quienes sí los llamaron para preparar a Joshua ante un eventual juicio y hasta le dieron clases sobre cómo empoderarse para enfrentar otros casos similares.
Se corrige la acción
Por su parte, la directora de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación, Kattia Grosser, indicó que la institución tiene un protocolo para la atención de casos de bullying en los centros educativos que va de la denuncia a la realización de una investigación con todas las partes involucradas y de acuerdo con esta se establece la sanción.
"No se puede expulsar al menor agresor porque no se le puede negar el derecho a la educación, pero si la falta es un delito, los padres pueden acudir a denunciarlo a la Fiscalía", explicó la funcionaria.
Además, se trabaja con el menor abusivo y se le da acompañamiento con la Caja, el Pani o la institución que se necesite para tratar de corregir su problema y garantizar que la acción no se repita.
"También se le brinda un resguardo a la víctima para que no sea agredido nuevamente y se le brinda apoyo psicológico para que supere el trauma en caso de haberlo sufrido", explicó la orientadora del Liceo de Costa Rica, Rebeca Rodríguez.
Grosser también aprovechó para recordarles a los padres de familia que el primer paso que deben plantear es denunciar ante el centro educativo para iniciar el proceso, si este no le resuelve, debe ir a la dirección regional y decir que ha pasado en determinado tiempo y la escuela o colegio no ha hecho nada para corregirlo.
Si tampoco ahí le dan pelota, debe ir a la Contraloría de Derechos Estudiantiles para ver qué fue lo que pasó y sancionar a la institución por no velar por la seguridad de sus estudiantes.
