Para nadie es un secreto que hay policías y expolicías que han caído en la tentación ante la corrupción, y luego de que el Estado los preparara para hacer el bien, se pasaron al bando de los malos.
Se han detectado casos de policías y exagentes judiciales que se dedican a entrenar a miembros de bandas de crimen organizado, para que sepan cómo enfrentar a los cuerpos policiales y cómo cometer homicidios, algo sumamente delicado y preocupante.
Por tratarse de temas que en el pasado no se daban, la ley no detalla castigos específicos para este tipo de acciones.
Ante el vacío que hay en la ley y en medio de la crisis de seguridad que vive el país, el diputado Fabricio Alvarado y otros legisladores más presentaron un proyecto de ley para imponer penas especiales y severas a los policías, expolicías, agentes y exagentes judiciales que caigan en estas conductas.
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El cambio en la ley sería pequeño, pero tendría un gran impacto. Se incluiría un artículo al código penal que diría lo siguiente:
“Se impondrá una pena de prisión de diez a quince años a todo funcionario de los diferentes cuerpos policiales que, aprovechándose de su conocimiento y posición, entrene o asesore a individuos o grupos en técnicas para el homicidio por precio o por promesa remuneratoria o cualquier otra actividad delictiva organizada. Adicionalmente, se impondrá la inhabilitación absoluta para el ejercicio de funciones públicas por un período de veinte años.
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“Con las mismas penas e inhabilitación para el ejercicio de la función pública serán sancionados los exoficiales de los diferentes cuerpos policiales que, aprovechándose de su conocimiento y experiencia, realicen las acciones descritas en el párrafo anterior”.
La iniciativa ya está en la corriente legislativa y está siendo analizada por los legisladores.