EscucharEn la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley para endurecer los castigos para los sicarios, es decir, los delincuentes que maten a cambio de dinero o algún otro beneficio.
Esta es una propuesta del diputado del Partido Nueva República, David Segura, y cuenta con el apoyo del ministro de Seguridad, Mario Zamora.
El jerarca ve con muy buenos ojos que se quieran endurecer los castigos hacia esos delincuentes ya que contribuyen en gran medida a la ola de homicidios que se ha dado entre el año pasado y este.
Zamora dijo incluso que saben de exfuncionarios de fuerzas especiales que se unieron al narcotráfico y están entrenando a sicarios.
Dice que conocen casos de exmiembros del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del OIJ que están con grupos criminales.
“Exfuncionarios del SERT están enseñando técnicas que son propias y exclusivas de nuestros entes policiales, enseñando a los sicarios”, dijo Zamora a los legisladores cuando habló sobre el proyecto de ley.
“Las personas que recibieron esos conocimientos siendo funcionarios públicos y que hoy transmiten al autor material deben ser sancionados. Repudiamos a quienes usaron uniforme y se han ido a vender al narcotráfico”, agregó el jerarca.
El proyecto agrega un artículo al Código Penal, que legisla no solo sobre los sicarios que cometen los homicidios, si no también sobre quienes reclutan o enseñan.
Esto es lo que dice el texto de la propuesta:
“Sicariato. Quien mate a otra persona, por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio económico, para sí o un tercero, será sancionado con pena de prisión de veinte a treinta y cinco años”.
En el mismo artículo 112 bis se incluye la misma pena para “quien reclute, prepare, adoctrine, forme, instruya, promueva o capacite a personas para el sicariato”.
Por su parte, a quien contrate menores de edad para fines de sicariato, fenómeno que se está viviendo en el país en los últimos meses, la pena de cárcel será de entre 25 a 35 años.
Por último, el texto también sanciona la publicidad u oferta de sicariato, que “será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.
El proyecto está convocado en sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, por lo que seguirá su discusión en las próximas semanas.
