El presidente de la República, Rodrigo Chaves, insiste en que la solución para la terrible e histórica crisis de inseguridad que vive el país está en la aprobación de cinco proyectos de ley que el Gobierno propuso hace unos cuatro meses y que están siendo analizados en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Cada vez que el mandatario tiene la oportunidad, le tira un filazo a los diputados diciendo que ellos no le han echado ganas a la aprobación de esas iniciativas y que por eso la situación nacional no mejora; sin embargo, los expertos en materia de seguridad y política no coinciden con esas afirmaciones.

Desde el viceministerio de Asuntos Políticos del Ministerio de la Presidencia nos detallaron que los proyectos de ley a los que Chaves les tiene tanta fe son estos:

- Ley del sistema penitenciario nacional. Busca regular las competencias administrativas y de ejecución de la pena, en privación de libertad o entornos socio-comunitarios. Pretende mejorar la atención de sentencias, así como las medidas cautelares carcelarias.

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- Reforma a varios artículos de la ley de armas y explosivos. Propone establecer como un agravante en los delitos de tenencia o portación ilegal de armas permitidas, los casos en el que la persona posea o porte un arma de fuego que se encuentre inscrita bajo el nombre de un tercero, que haya sido reportada por su propietario como extraviada o sustraída, haya sido utilizada en un acto delictivo o haya sido vinculada con la delincuencia organizada.

- Ley para la modernización de la intervención de las comunicaciones. Busca reformar artículos sobre registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones, para que se incluya la autorización a la intervención de telecomunicaciones, ante los delitos de “homicidio simple y femicidio”.

- Ley para adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad violenta y la delincuencia organizada. Pretende reformar la ley para que la administración de justicia pueda atender de manera diferenciada aquellos asuntos de la criminalidad organizada en donde participan las personas menores de edad. También busca duplicar los plazos de la detención provisional para recavar la prueba necesaria en la etapa de juicio.

También busca darle a los jueces penales juveniles más tiempo para analizar los hechos juzgados, así como ampliar la lista de delitos en donde la prescripción es de cinco años, incorporando en esta aquellos delitos considerados graves.

- Ley para restaurar la seguridad ciudadana y contener a los delincuentes que representan un peligro para la sociedad. Pretende agregar un nuevo riesgo procesal al Código Procesal Penal, sobre la procedencia de la prisión preventiva, así cuando la persona represente un riesgo para la sociedad, será procedente la prisión preventiva. Por otro lado, se propone limitar el otorgamiento de medidas cautelares menos graves únicamente en los delitos cuya pena sea inferior a los cuatro años de prisión.

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En cuanto a la pena de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, se propone bajar de seis años (como se encuentra actualmente) a cuatro años de prisión, la pena impuesta para que las personas juzgadoras puedan otorgar este tipo de sanción. Por último, la libertad condicional no podrá ser concedida cuando la persona privada de libertad descuente una condena por delitos de crimen organizado, delitos sexuales contra menores de edad, en delitos en que se hayan utilizado armas de fuego o armas blancas, ni cuando la persona condenada haya incumplido anteriormente las condiciones del arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Esto tarda tiempo

El politólogo Gustavo Araya asegura que aunque estos proyecto de ley podrían ser de utilidad, sus frutos se verán hasta en el futuro y lo que se necesita ahorita es una solución inmediata para que acaben los homicidios.

“El Gobierno no ha trabajado en lo absoluto la parte de prevención. En la parte de contención, que es el combate al hampa, se nota también que el Gobierno no ha hecho nada.

“Llevar proyectos a la Asamblea Legislativa toma tiempo y el Gobierno lo sabe. Hacer reuniones en las que no se llega a nada es perder el tiempo y no sirve para la contención del problema de la seguridad y el gobierno lo sabe, entonces es más bien como extraño que ahora el presidente diga que los diputados no han hecho nada con estos cinco proyectos de ley que el Poder Ejecutivo asegura que precisan, cuando no puso una encerrona como si lo exigió con el proyecto de jornadas 4x3, para que los diputados no salieran del recinto parlamentario hasta que no fuera aprobado ese proyecto de ley.

“El gobierno demuestra absoluto desconocimiento o pretende no saberlo, de que estos proyectos de ley duran su tiempo y que tampoco se puede atribuir a que estas cinco iniciativas de ley sean la solución efectiva y definitiva al problema de narcotráfico, de los homicidios y la inseguridad que se está viviendo en el país”, manifestó el politólogo.

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Urgen acciones ya

Gerardo Castaing, exjefe del OIJ y experto en Seguridad, coincide con Araya en que estos proyectos de ley no darán la solución que se necesita ya.

Él asegura que lo que urge ahorita son más policías en la calle, con mejores armas, con buenas patrullas y más recursos que les permita hacerle frente a los grupos narcos que siempre andan bien armados.

“Ahora bien, para eso se necesita plata, pero ya, por lo que el Gobierno debe concentrarse en ver cómo da recursos económicos a las policías del país para que se armen con lo que necesitan, de lo contrario no se les puede exigir nada porque no tienen con qué trabajar. Sentarse a esperar que se aprueben los proyectos de ley no ayudaré en nada a resolver la emergencia que vive el país”, aseguró.

Rándall Zúñiga, director del Organismos de Investigación Judicial (OIJ), coincide con Castaing al decir que se necesita inyectarle plata a la Policía.

El jerarca dice que el mundo avanza rápido y las condiciones y necesidades del país han cambiado mucho en los últimos diez años.

Antes no había tanto narcotráfico, ahora hay más de 300 agrupaciones criminales en Costa Rica y todas luchan por territorio, pero eso es urgente contratar más agentes judiciales y policías y contener más recursos para enfrentar la guerra contra la delincuencia organizada.