Este jueves 31 de octubre podría ser un día de Halloween muy complicado y se transformaría en una pesadilla para los usuarios de ebáis, clínicas y hospitales.
Lo anterior, debido a que la Unión Sindical de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) convocó a los funcionarios de la institución a huelga.
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El caso Barrenador, así como el congelamiento de salarios y la deuda del Estado con la entidad, motivan la convocatoria, según Deivis Ovares, representante de Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).
Diferentes sindicatos de la CCSS, a través de sus redes sociales, han convocado a empleados y ciudadanos al movimiento que aseguran, es para defender a la institución. Esta iniciaría a las 6 a. m. del jueves 31 de octubre y finalizaría 24 horas después, por lo que se espera cubrir tres turnos.
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El movimiento se autodenomina “Unidos por la Caja” y tiene tres objetivos claros: exigir el pago de la deuda estatal; un plan definitivo para resolver las listas de espera y colocar en la presidencia ejecutiva a una persona que vele por los intereses de la institución.
El llamado incluye una marcha, a las 9 de la mañana, que saldría del parque Central de San José.
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La Caja trata de resolver el tema de la huelga
Ante el llamado a huelga, la Caja ya analiza cómo reprogramará citas, exámenes o cirugías que se cancelen en caso de concretarse el movimiento.
La Gerencia Médica de la institución confirmó estar al tanto de la convocatoria y por medio de la oficina de prensa, aseguró que todas las unidades cuentan con protocolos para activar los planes de contingencia locales, en caso de ser necesario.
La Caja dispone de un equipo que monitorea constantemente este tipo de eventos, informó la Gerencia Médica, por lo que asegura que está en capacidad de reprogramar los servicios que sean suspendidos y de activar el equipo técnico encargado de gestionar y coordinar las medidas que se requieran.
La protesta más reciente en defensa de la CCSS fue el pasado 24 de abril, cuando más de un centenar de pacientes con cirugías programadas no pudieron ser intervenidos debido a la participación de trabajadores de hospitales públicos en la actividad.