Aunque parezca increíble de creer, la mamá de una niña de cuatro años tuvo que interponer un recurso de amparo para que los funcionarios del centro educativo al que va su hija la ayudaran a bajar del carro la silla de ruedas que la chiquita necesita para movilizarse.
El caso se dio en Pérez Zeledón y la queja fue interpuesta el 11 de enero pasado, luego de que la mujer, de apellido Sanabria, tratara en varias ocasiones de solucionar el problema directamente con la institución, pero ahí le dieron la espalda y más bien la directora le prohibió a los funcionarios ayudarle a bajar la silla de ruedas, argumentando que eso no era parte de las funciones del personal.
La mamá de la pequeña acudió a las autoridades en busca de ayuda, para que su hija pudiera ejercer su derecho de ir a recibir educación especial, sin ningún tipo de impedimento.
En el recurso se detalla que la niña tiene espina bífida mielomeningocele y es hipotónica por lo que sus músculos no tienen un desarrollo normal y eso hace que no controle el tronco, además tiene escoliosis y luxación de cadera, sufre retraso severo en el desarrollo, no habla y solo puede movilizarse en silla de ruedas.
La madre asegura que la niña necesita permanecer sentada en la silla en todo momento, ya que así mantiene una adecuada postura y evita que empeore la escoliosis.
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La pequeña estudia en el Centro de Educación Especial de Pérez Zeledón y durante la mayor parte del curso lectivo del año pasado, cada vez que llegaba a clases un asistente, docente o guarda, le ayudaba a la mamá a bajar del carro la silla de ruedas ya que pesa mucho y ella no puede hacerlo sola.
El 26 de setiembre de 2022, cuando la mujer llegó a recoger a su hija a la escuela, pidió ayuda al guarda para subir la silla carro. En ese momento se encontraba presente la maestra de su hija, quien le informó que desde ese día estaba completamente prohibido ayudarla a bajar o a subir la silla de ruedas. Lo anterior, pese a que no existen rampas en la institución que le faciliten la tarea.
Empezó la lucha
Dos días después, la mujer llegó a la dirección del centro educativo para hablar con Rebeca Vargas, directora de la institución, para explicarle la situación, pero la jerarca le dijo que no podía ayudarla ni autorizar a alguien para que colaborara con la silla de ruedas porque no era parte de las funciones del personal.
Luego de eso la mamá de la niña mandó un correo a la Dirección de Vida Estudiantil y al final de cuentas la solución que le dieron fue que cuando ella no pudiera bajar la silla de ruedas del carro iban a movilizar a la pequeña en un coche sombrilla y la sentarían en una silla de madera para que recibiera clases, pero la niña no puede sostener el tronco y necesita su sillita para que no avance el problema en la columna, por lo que Sanabria no accedió a esa opción.
Ante ese panorama, la mujer contactó a la trabajadora social de la Contraloría de Derechos Estudiantiles, quien reconoció que el centro educativo, pese a ser de enseñanza especial, no cuenta con rampas o adaptaciones para fácil descenso de sillas de ruedas y no tienen recursos para hacerlas en este momento.
Dijo que no les tocaba
Entonces los magistrados, tras recibir el amparo, pidieron explicaciones sobre el caso a varios funcionarios del Ministerio de Educación (MEP), incluida la directora de la escuela, quien dijo que han presentado varias soluciones a la mamá de la menor, pero ella no ha estado de acuerdo con ninguna, además aseguró que el problema debe ser solventado por la familia de la niña y no por la institución educativa.
“Mientras su núcleo familiar resuelve la situación de su vehículo, ya sea adaptándole una rampa o reemplazarlo por un vehículo adaptado, o en su defecto adquirir una silla de ruedas que satisfaga las necesidades de la estudiante, se le han brindan las siguientes posibilidades: Viajar en transporte público como autobús o taxis que cuenta con rampa, como lo hacen alrededor de 50 estudiantes que utilizan silla de ruedas, circunstancia en la que la familia es completamente responsables”, dijo Vargas a los magistrados.
Otras de las soluciones son: “Presentarse al centro educativo acompañada de alguna persona que le pueda colaborar a la madre de familia para que la señora evite alguna lesión. Se le asignó un coche de traslado para que ingrese al centro educativo y se desplace dentro de la institución y en el aula utilice su mesa de trabajo que le permite una postura adecuada, de acuerdo a su condición, estas acciones fueron coordinadas con la docente de grupo y la terapeuta física que atienden a la estudiante”, agregó la directora del centro educativo.
Luego de escuchar a todas las partes, los magistrados declararon con lugar el recurso y le ordenaron a todos los involucrados del MEP que solucionen la situación y “brindar facilidades adecuadas para que pueda bajar su silla de ruedas de un vehículo” en un plazo no mayor a dos meses.