EscucharA la 1:05 de la tarde del próximo 2 de noviembre, Día de los Muertos, el Gobierno y la Fundación Pro Zoológicos (Fundazoo) se verán las caras en el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José para definir legalmente si a partir del 10 de mayo del 2024 se le pone un candado definitivo al zoológico Simón Bolívar.
Desde el 10 de mayo del 2022 el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) le informó a Fundazoo que ya no le renovaría el contrato por otros diez años y que a partir del 10 de mayo del 2024 el espacio del actual zoológico será recuperado por el Estado.
Fue a partir de ahí que comenzó la bronca porque Fundazoo asegura que no tiene por qué cerrar el zoológico y devolverle los terrenos al gobierno ya que se hizo mal el procedimiento legal para que eso sucediera.
En el 2014 se bailó la misma canción. El Estado le dijo a Fundazoo que “no va más”, pero Fundazoo presentó una demanda alegando que no se hicieron bien las cosas y al final los juzgados le dieron la razón: el Gobierno les informó a destiempo y por eso el contrato se renovó automáticamente por otros 10 años, o sea, hasta mayo del 2024.
¿Por qué estamos hablando de esto?
Porque esta semana se ha vuelto viral el tema en redes sociales, ya que el pasado 24 de octubre fue cuando el Tribunal Contencioso Administrativo convocó oficialmente a Gobierno y a Fundazoo para el 2 de noviembre y eso volvió a agitar el ambiente.
¿Cuál es la bronca?
Por un lado, el Gobierno está claro en que, según el contrato, los 10 años se cuentan a partir de la firma que fue en mayo. Por el otro lado, Fundazoo dice que nel pastel, que los 10 años son años calendario.
¿Cuál es la diferencia?
Una y muy grande, justo por eso en el 2014 los de Fundazoo tuvieron la razón. De acuerdo al contrato, si una de las partes no quiere renovar, tiene que avisar en los primeros tres meses de iniciado el año 9.
Para los de Fundazoo el año 9 arrancó en enero del 2022. Para el Gobierno el año 9 arrancó en mayo del 2022. Fundazoo jura a pie juntillas que como no le informaron entre enero y marzo del 2022, el contrató en el 2024 se renovará automáticamente por otros 10 años, o sea, hasta el 2034.
El Gobierno asegura que eso no es así, que informaron a tiempo, en el primero de los tres meses del año 9, o sea, en mayo del año pasado y que el adiós de Fundazoo se confirmará en mayo del 2024.
¿Por qué tiene vela en el entierro el Tribunal Contencioso Administrativo?
Porque Fundazoo demandó al Gobierno y le toca ahora al Tribunal escuchar ambas partes, leerse de punta a punta el contrato y decidir cuál tiene la razón.
LEA MÁS: Al zoológico Simón Bolívar solo le quedan dos años de vida
¿Para qué quiere el Gobierno recuperar el espacio del Simón Bolívar?
“Con el fin de recuperar espacios verdes en las ciudades, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) informan el interés de no renovar el contrato con Fundazoo, amparados entre otros, en lo establecido en el convenio firmado entre las partes de tal manera que se permita utilizar la propiedad, que actualmente está ocupada por el Parque zoológico Simón Bolivar y Santa Ana, en administración por Fundazoo, para convertirlos en áreas urbanas que sirvan como pulmones y sitios de esparcimiento a la población”, explica el Minae.
¿Qué pasará con los animalitos del zoológico?
“Dado que la fecha de conclusión del mismo será el próximo 10 de mayo de 2024; una vez dado el finiquito, se llevará un proceso ordenado por parte de la administración, y se iniciará el traslado de los animales a centros de rescate y centros de manejo de vida silvestre, priorizando la salud de los animales”, aclara el Minae.
¿Qué dice Fundazoo?
“Consideramos que esta decisión de la autoridad pública no responde adecuadamente a los fines de protección de la flora y fauna silvestres y a los afanes de conservación de las especies y de la educación ambiental, mismos por los que se encargan de velar tanto el Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar como el Centro de Conservación de Santa Ana.
“Lo que más preocupa a la Fundación es que los actos administrativos mediante los cuales se dispone el cierre de los parques zoológicos nacionales no cuentan con ninguna fundamentación en los hechos ni en el Derecho.
“A pesar de que extraoficialmente se ha acudido al señalamiento de presuntas faltas e incumplimientos contractuales de parte de Fundazoo, tanto por el Minae como por parte de grupos ambientalistas, nada de esto se ubica en los actos que disponen la no-prórroga, por lo que no constituyen razones formales que justificarían o harían válida la decisión de cierre.
LEA MÁS: Muerte del León Kivú no se aceleró porque el MAG y el Minae lo sacaron del Simón Bolívar
“Se insiste en que, aunque ciertamente el Estado dispuso el cierre de los parques zoológicos nacionales, dicha medida judicial se encuentra formalmente impugnada”, asegura Fundazoo.
¿Por qué Fundazoo habla de que el Gobierno es presionado?
“En dos oportunidades previas, el Estado costarricense ya ha sido condenado judicialmente por proceder atropelladamente al cierre de los parques zoológicos y los centros de conservación que la Fundación administra, lo cual ha hecho bajo presiones de una opinión pública mal informada, y lastimosamente parece que de nuevo se ha procedido a actuar de la misma manera”, explica Fundazoo.
