Los miembros de la junta directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) la sacaron del estadio con el ilógico reglamento para segregar terrenos y tienen a todos los propietarios del país con la peluca parada y a puro té de tilo.

Y es que entre las cosas que establece el nuevo reglamento está que todos aquellos propietarios de terrenos de 900 metros cuadrados en adelante que deseen dividirlo en varios lotes, tendrán que donarle el diez por ciento de este a la municipalidad, para que el gobierno local lo use como parque o área pública.

Incluso, el director ejecutivo del Colegio de Ingenieros Topógrafos, Marco Zúñiga, es uno de los principales opositores a la medida. Zúñiga aseguró que los dueños de terrenos no solo deberán ceder el pedazo, sino también pagar la construcción del parque infantil.

Zúñiga agregó que se está violentando el derecho a la propiedad, lo que va en contra de las leyes de nuestro país.

Juan José Echeverría, expresidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), también está como agua para chocolate con la nueva medida.

“Esto es muy caro para los dueños que tengan apenas un lote que le heredaron sus abuelos y que quieran dividirlo entre sus hermanos o sus hijos, los estaríamos castigando.

"Yo estoy de acuerdo con la norma para los desarrollos urbanísticos porque lo hace una empresa que está haciendo un negocio y ellos venden el terreno y le cobran esa área comunal a quienes lo compran”, explicó Echeverría.

Echeverría agregó que lo peor de todo es el picadillo que se hará por todo el país.

“¿Quién le va a dar mantenimiento a ese lote, quién le va a dar alumbrado público, quién va a velar porque no se metan precaristas? A las municipalidades les cuesta dar un adecuado mantenimiento a todas las áreas públicas que tienen y jamás podrían atender esta iniciativa. Por querer hacer una gracia, estamos haciendo un sapo”.

Ahora con este reglamento todas las segregaciones que queden frente a calle pública van a tener que ir al INVU a visar los planos y para ello deberán cancelar ¢45.776 por cada lote, mientras que actualmente ese trámite lo hace la municipalidad de manera gratuita.

Servidumbres

Otra nueva regla ilógica es la de las servidumbres, especialmente en terrenos agrícolas, pues además de duplicar el tamaño del terreno que se puede dividir, pasó de cinco mil metros a diez mil, dos terrenos colindantes no podrán utilizar la misma servidumbre, sino que cada uno deberá hacer una propia.

Todos estos aspectos, han hecho que tanto el Colegio de Topógrafos como la Unión de Gobiernos Locales (UNGL) se hayan reunido con los representantes del INVU para tratar de comprender los nuevos cambios y buscar soluciones conjuntas.

“No se permiten fraccionamientos frente a calle pública, si la propiedad no tiene agua no puede dividirla, cuando en la actualidad es una práctica común cuando no se tiene pensado construir aún, por ejemplo por una necesidad económica que requiere hipotecar su parte para pagar los estudios de sus hijos o hacer un arreglo”, explicó Zúñiga.

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Luis Araya, asesor legal de la UNGL, dijo que no estarían de acuerdo en que salga publicado el reglamento hasta que le aclaren todos los puntos a las municipalidades.

Al parecer, el alboroto surtió efecto porque el reglamento entraría a regir este miércoles, pero la junta directiva del INVU anunció que lo aplazará, aunque de cuánto será este plazo se decidirá hasta el jueves cuando sesionen.

La Teja buscó la posición del INVU, pero en ambas llamadas que realizamos nos indicaron que la encargada de responder nuestras consultas era Tatiana Mora, quien no se encontraba disponible y nos devolvería la llamada, pero al cierre de edición no lo hizo.