EscucharEl Gobierno de la República quiere implementar un proyecto llamado Marchamo Digital, que pretende actualizar el sistema de regulación vehicular del país.
El presidente Rodrigo Chaves ya dio el banderazo de salida para entrarle con todo al tema y anunció que en los próximos días firmará un decreto para declararlo de interés público.
El plan pretende digitalizar y simplificar la regulación vehicular y los servicios relacionados, sin embargo, en el anuncio del proyecto quedaron muchas dudas.
El Gobierno anunció que en una primera etapa, la etiqueta del derecho de circulación o marchamo se cambiará por un chip que se cambiará cada 10 años y no cada año, como ocurre actualmente con el sticker.
En una segunda etapa, aseguran que el chip que se le coloque a los carros permitirá identificarlos y que durante las presas, vehículos de emergencia como a las ambulancias, policías y bomberos las agujas de los peajes se les abran de forma automática.
También que habrá peajes tipo sombra, o sea, que la gente no tendrá que detenerse a pagar, sino que cuando el carro pase, se le hace el cobro.
El detalle es que nunca se explica a qué estará ligado ese chip, ¿a una tarjeta de crédito o débito?, ¿a una cuenta bancaria?, ¿qué pasa si la persona no tiene cuenta o tarjetas? y ¿qué pasa si la cuenta a la que se ligue el chip no cuenta con fondos?
Además, de ser así, ¿qué pasará con el chip una vez que una persona venda el carro? ¿cómo es el chip? ¿se puede quitar y poner en otro carro? ¿qué pasa si el chip se jode?
Tecnología
El chip, dice el Gobierno, funcionaría gracias a una tecnología llamada RFID, que consiste en la identificación por radiofrecuencia que permite identificar objetos (en este caso vehículos) mediante ondas de radio de manera única y pudiendo captar cientos de objetos a la vez.
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La tecnología RFID es similar al código de barras, en el sentido de que los datos son capturados por una etiqueta, en este caso inteligente, que almacena la información en un chip que interactúa con un sistema integrador para orquestar los sistemas de servicios ciudadanos.
Eso significa que, a partir de la implementación del marchamo digital, los vehículos estarán identificados de manera única por medio del chip.
Para hacer realidad el proyecto, el Instituto Nacional de Seguros (INS), realizará dos licitaciones públicas que incluirán la compra de las etiquetas (adquisición de la tecnología de identificación por radio frecuencia) y el sistema integrador (adquisición de la plataforma tecnológica), una labor que comenzará en mayo de este año.
Las etiquetas representarían una inversión aproximada de ¢2.000 por vehículo, aunque nunca se aclara si ese costo lo asumirá el Estado o el dueño del vehículo.
Además, no explican cómo calcularon ese monto si aún ni siquiera hay empresas para la licitación.
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Grandes vacíos
La Teja envió un correo a Presidencia con consultas como:
- ¿Quién asumiría el costo del chip (supuestos dos mil colones), el dueño del vehículo o el Estado?
- ¿En qué se basó el Gobierno para hacer el cálculo de que el dispositivo costaría ¢2 mil si aún no hay empresas contratadas para que den el servicio?
- ¿Hay empresas en el país que tengan la tecnología para dar ese tipo de servicios o en el proceso de licitación solo habrá empresas de afuera?
- ¿Deberán estar los chips de los vehículos enlazados a una cuenta bancaria para que se hagan cobros en peajes? En caso de ser así, ¿qué pasaría si una cuenta no tiene plata.
- Además, ¿qué pasaría cuando se venda un carro y este quede ligado a la cuenta del antiguo dueño?
- ¿Qué pasaría si se pierde el chip?
- Con este cambio ¿saldría más caro el cobro del marchamo?
Al cierre de la nota aún no habíamos recibido respuesta a estas interrogantes.
