EscucharNatalia Vindas se moviliza en silla de ruedas y con frecuencia encuentra dificultades a la hora de hacer algún mandado. Por ejemplo, en su carro adaptado a su condición, muchas veces encuentra los parqueos especiales ocupados por personas que no lo necesitan. En otros sitios ni siquiera hay espacios asignados en los estacionamientos.
También encuentra problemas cuando desea ingresar a algunos edificios, estatales incluso, que no cuentan con las disposiciones de la ley 7600. Con todo y eso, es consciente de que otras personas con alguna discapacidad, enfrentan barreras más amplias como acceso al trabajo o a la educación.
Por esas dificultades ella considera justo que la población con discapacidad tenga, al igual que los homosexuales, un comisionado presidencial que escuche las necesidades y ayude a solucionarlas.
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El abogado Luis Eduardo Salazar fue nombrado por el presidente Carlos Alvarado como Comisionado Presidencial para asuntos de la población lgtbi en esta administración.
El nombramiento de Salazar como comisionado encendió una luz entre los profesionales en psicología para alzar la voz por ellos.
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“Queda mucho por hacer. Tenemos la esperanza que por medio de un comisionado se realice una verdadera articulación nacional tanto en lo público como en lo privado con enfoque de derechos humanos” mencionó Waynner Guillén, presidente del colegio.
María Fournier, directora ejecutiva de Fundameco, organización sin fines de lucro que lucha por la inclusión de las personas con discapacidad, cree que es justo y conveniente que exista un comisionado para esa población con el mismo rango que Salazar.
“Desde el enfoque de derechos humanos la lucha es la misma, pero está claro que cada quien pelea por lo que necesita, la accesibilidad, los baños públicos o la inclusión laboral. Es importante que la persona que sea la voz lo viva, lo sienta, porque cada enfoque es particular”, comentó.
La presidencia de la República dijo, mediante su oficina de comunicación, que es el vicepresidente Marvin Rodríguez quien atiende las necesidades de dicha población.
"Existe una instancia creada por ley que es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y con un presupuesto de más de ¢14 mil millones. En el caso de la población Lgtbi no existe ninguna instancia legal y por lo tanto se nombra un comisionado", respondieron.
Explicaron que el comisionado es una instancia más reducida que Conapdis, amparada por una ley.
"Se trata de una acción positiva. Es la primera vez que una instancia atiende el tema de esa población a partir de un decreto".
