EscucharUn proyecto de ley presentado por el diputado Eli Feinzaig, pretende imponer un requisito polémico para que los privados de libertad puedan optar por salir de prisión antes de cumplir la pena, por medio de un beneficio carcelario.
La iniciativa detalla que los reclusos tendrían que dar una muestra de ADN para poder recibir alguno de los beneficios que les permitan salir de prisión, de lo contrario tendrían que quedarse encerrados hasta que cumplan la totalidad de la pena.
La idea de la ley es que las autoridades judiciales tenga una base de datos con el perfil de ADN de estas personas y así, si vuelven a delinquir, sea más fácil identificarlas y procesarlas por el nuevo delito.
Una persona puede dar su ADN por medio de fluidos corporales como la saliva, el semen, la sangre o también por medio del pelo. También si una persona agrede a otra, en las manos u uñas de la víctima pueden quedar células que permitan sacar el ADN del atacante.
Eli Feinzaig dijo a La Teja que la medida aplicaría para todo tipo de delincuentes que hayan sido condenados por delitos penales, entre ellos: homicidas, ladrones, violadores, narcotraficantes, estafadores y otros.
“Se ha comprobado que muchas veces delitos menores derivan en conductas más graves, por lo que tener a las personas registradas puede tener un importante efecto preventivo.
“La base de datos ya existe desde hace más de una década, la administra el Departamento de Ciencias Forenses del OIJ; lo que este proyecto busca es fortalecerla nutriéndola con las muestras de ADN de los convictos que puedan acceder a un beneficio carcelario”, manifestó el diputado del Partido Liberal Progresista.
¿Y si no quieren dar el ADN?
Eli fue tajante en que si se aprueba la ley, ya los privados de libertad no podrán, de ninguna manera, optar por beneficio carcelarios si no dan su ADN.
“Si la persona se niega a entregar la muestra para el registro, estará en libertad de hacerlo. Pero eso le impedirá disfrutar de un beneficio que probablemente le resulta de su mayor interés. En otros casos, por ejemplo de personas investigadas por ciertos delitos, el juez penal o el Ministerio Público podrían ordenar la recolección de la muestra incluso contra la voluntad de la persona, pero ese no es objeto de este proyecto”, detalló.
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Eli dice que la iniciativa no aplica para los imputados que aún están en el proceso penal, pese que a que en muchos casos estas personas también representan un peligro para la sociedad.
“La Corte Suprema de Justicia ya tiene un reglamento interno que regula la toma de muestras de esa población. Y tengo conocimiento que la Corte está trabajando en actualizar dicha regulación para lograr el objetivo de tener una base de datos de perfiles genéticos más robusta y que brinde mayores posibilidades de prevenir y sancionar delitos en personas imputadas que aún no tienen sentencia en firme”.
Los encargados de tomar las muestras de ADN serían peritos del Departamento de Ciencias Forenses del OIJ (cuando se trata de muestras sanguíneas) o por agentes del OIJ (cuando se trata de muestras por hisopado bucal).
Para la implementación de esta ley el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia deberían definir, en un convenio, la forma en que serán recolectadas dichas muestras.
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El diputado dice que el material genético recolectado sería destruido después de diez años, según regula el art. 19 del Reglamento vigente. Sin embargo, el registro permanecerá durante todo el tiempo que la ley permita conservarlos.
“Al respecto, la Sala Constitucional ha establecido que hay un claro interés público en que estos registros (por ejemplo, la reseña criminal que toma el OIJ) se empleen todo el tiempo necesario para evitar nuevos delitos y permitir la investigación de otros ya cometidos”, aseguró Feinzaig.
Podría violar los derechos humanos
El abogado Boris Acosta dice que al leer el proyecto le parece que la intención es buena, sobre todos en momentos en los que el país vive la ola de violencia más fuerte de la historia, sin embargo, siente que puede violar los derechos humanos de los reos.
“Parece ser algo bueno, es una forma en la que los privados de libertad estén dispuestos a cambiar socialmente. Además, con este registro sus acciones podrían ser más fácilmente localizadas si el día de mañana hay un nuevo delito y hay que hacer una prueba de ADN.
“Sin embargo, desde el punto de vista legalista es un poco temeraria la forma en la que se plantea esta ley, está condicionando a la persona a vulnerar su derecho a la privacidad como ser humano, me refiero a su identidad biológica; es una forma arbitraria, una forma de mandato un poco anárquico, más allá que democrático.
“Uno tiene derecho a escoger si le toman una muestra de sangre o no, sabemos que el ADN lo sacan hasta por un cabello, pero este tipo de exámenes para hacer la base de datos va a requerir de una muestra de sangre. Es tener que dar la muestra a cambio de un beneficio es como una forma de coacción”, expresó Acosta.
El abogado dijo, además, que este tipo de bases no desaparecen nunca, por lo que el perfil de ADN de los privados de libertad quedaría registrado para siempre, aunque ya hayan terminado su condena.
El proyecto ingresó a la corriente legislativa hace unos días y será enviado a una comisión para que los diputados lo analicen. Si lo dictaminan de forma positiva iría al plenario legislativo para que lo voten en primer y segundo debate; si lo aprueban, se convertiría en Ley de la República.
