En el puritico corazón de San José, el parque Central, le consultamos al pueblo qué opina sobre la polémica póliza de seguros que el Gobierno quiere pagar para posibles tortas que cometan el presidente y los ministros.
A ninguno de los consultados le gustó que la plata del pueblo se use para eso.
Denis Corella, vecino de río Conejo de Corralillo de Cartago, nos comentó: “Esa póliza es una barbaridad, no tengo ni idea cómo se les ocurren esas cosas. Bueno, la verdad, está buenísima la idea, pero que la paguen el presidente y los ministros de su propia bolsa.
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“Lo que me da cólera es que buscan cuidarse de una torta que hagan con plata ajena, con la plata de todos los costarricenses y eso no se vale. No estoy para nada de acuerdo con esa loca póliza”, comenta el cartago.
“Si el presidente o algún ministro se jala una torta ¿por qué el pueblo tiene que pagarles nada si los responsables son ellos? Es indignante, si uno mete las patas se las arregla solo, que hagan lo mismo ellos”, agregó.
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David Cuevas, de Hatillo 5, nos dijo con total seguridad que esa póliza de fijo se usará. “Póngase a pensar, es casi un hecho que el presidente o algún ministro se jalará una torta y no tiene ni pies ni cabeza que el pueblo les ayude cuando son ellos los que se equivocan”.
Otro indignado es Mauricio Mena, vecino de Alajuelita.
“Me huele muy feo esto de la póliza. Ponerse a pensar en eso, es confirmar que están metiendo las patas y se quieren curar en salud. Rechazo totalmente que todos paguemos las tortas de los políticos”, expresó el alajueliteño.
De acuerdo al Sicop, la póliza sería por ¢248.391.706 anuales y el límite de responsabilidad será de $500 mil (¢258 millones), por persona asegurada.
La póliza incluiría gastos y costos legales de defensa, costos y gastos de emergencia para 65 jerarcas, incluidos directores y oficiales retirados. Esta contemplaría costos por procesos de extradición, enjuiciamiento, multas y sanciones civiles.
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También, costos para salud y seguridad ocupacional, privación o confiscación de activos, costos de preinvestigación, violaciones ambientales, audiencia derivada de una investigación y administradores no ejecutivos.
Para Ileana Lázaro, también de Alajuelita, no es posible que se agarre la plata del pueblo para estos temas cuando podrían estarse usando en asuntos como la salud y la educación.
“Es plata de todos nosotros y se debe respetar. Si se jalan una torta que se defiendan con su dinero o, como le sucede al pueblo, que vayan presos”, advirtió.
Julio Miranda, vecino de Chepe, está tan indignado que levanta la voz para decir que “este tema de la póliza ‘antitortas’ ni se debería estar analizando de tan absurdo que es. Quien comete errores que los enfrente con su propio dinero”, afirma.
Rodrigo Arias le tiró durísimo al Gobierno
Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, no disimuló al decir lo mal que le parece que el Gobierno quiera contratar una póliza para el gabinete de Rodrigo Chaves y el propio presidente de la República.
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“Esta es una de las decisiones más absurdas que he visto que ha tomado el Gobierno, me parece que es una gran irresponsabilidad, me parece que hay una ilegalidad, creo que la Procuraduría va a decir que eso no se puede hacer, sí se pueden hacer las pólizas, pero tienen que cubrirlas las personas de su propio peculio (su propia plata).
“Me parece que es un pésimo precedente para el país la intención misma de hacerlas, espero que sea un tema que no se realice, estoy totalmente en contra y si avanza me parece que esta Asamblea tomará medidas para impedir que eso se convierta en una realidad”, expresó Arias.
Además, este jueves en la Comisión de Ingreso y Gasto Público se aprobaron tres mociones para mandar a llamar a comparecer al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, al primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner y a la presidenta del INS, Gabriela Chacón, para que den explicaciones de la famosa póliza, que a todas luces parece ser ilegal, ya que la ley del país no permite que se paguen seguros de este tipo con plata del Estado, cada quien tiene que pagar la póliza de su propia bolsa.
También, se aprobó una moción que para que llegue a comparecer por este tema el procurador general de la República, Iván Vinicio Vincenti, ya que ese es el organismo que debe decir si la póliza es viable o no.
También se supo que los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) presentaron un recurso de amparo. Ellos consideran que de concretarse el seguro, se vulnerarían principios constitucionales, especialmente el deber de probidad, el uso adecuado del erario y el derecho de igualdad ante la ley.
El ministro de Hacienda tuvo que frenar el proceso a raíz de las críticas y se comprometió a enviar la respectiva consulta a la Procuraduría; sin embargo, sigue firme en que el seguro es viable, él asegura que se trata de un simple trámite.