¿Podría el país terminar explotando Crucitas para aprovechar todo el oro que hay en la zona? Pues depende de un par de factores para que la respuesta sea que sí, al menos así lo insinuó el presidente del país, Rodrigo Chaves Robles, el pasado miércoles 29 de junio en la conferencia después del Consejo de Gobierno.

“Dependiendo del arbitraje y de un análisis técnico de Crucitas, veremos si ya el daño ambiental es tan grande que más bien aprovechemos. Del ahogado el sombrero, decía mi abuelita. Ya se hizo el daño. Que se lo deje de llevar gente que lo extrae ilegalmente y lo exporta por Nicaragua, y hacer lo que sea mejor para el país. Vean, tenemos 150 oficiales de policía ahí, eso vale un montón de plata y sigue la cosa”, explicó el presidente Chaves.

Crucitas es una zona al fondo del país, cargada de barreales, a unos 110 kilómetros de San José. Es el pueblo final del distrito de Cutris, en la puritica frontera con Nicaragua, a 4 kilómetros del río San Juan.

“Ustedes saben que la empresa Infinito se encuentra en un proceso, desafiando las decisiones del Gobierno, pidiendo una compensación enorme. Ese proceso de arbitraje nos puede salir carísimo. ¿Qué estamos haciendo? Primero, defendiéndonos lo más que podamos”.

“Vamos a ver si los errores que esa empresa le atribuye al Gobierno de Costa Rica son aceptados como comportamientos inapropiados, políticas inapropiadas, por el CIADI. Si es así, nos va a costar un bigote de plata...habría que ver de dónde se saca la plata”, explica Chaves.

También, recordó que durante su campaña presidencial dijo que quería ir personalmente a Crucitas a evaluar el daño ambiental, cuáles son las medidas compensatorias que se podrían tomar en otros lados (cercanos) o incluso reparar el daño que hay.

“Por razones de seguridad no lo voy a anunciar ahora, pero yo voy a ir presencialmente a Crucitas con los ministros correspondientes, para observar de primera mano lo que hay ahí, lo que está pasando. Ver cómo evoluciona el arbitraje, entonces tomar la decisión”.

“Me dicen, y no tengo los estudios, pero le pregunté al ministro Tattenbach (Franz, ministro de Ambiente y Energía) que ahí hay más de 20 mil, en Crucitas porque hay varias reservas de oro ahí (en la zona), que solo en Crucitas hay 20 mil millones de dólares en oro, entonces hay que hacerlos (los análisis) con un lápiz de punta fina”, aseguró el mandatario.

La bronca

De ese pueblito al final de nuestro territorio nacional, por el lado norte, se comenzó a hablar en diciembre de 1999 cuando la empresa canadiense Industrias Infinito le pidió al país la concesión de explotación minera sobre un área de 10 kilómetros cuadrados en, precisamente, Cutris de San Carlos.

Nuestras autoridades pidieron tamaño poco de información a Industrias Infinito y el 17 de diciembre del 2001 el Poder Judicial entregó a la empresa canadiense la concesión, siempre y cuando presentara, obligatoriamente, un estudio de impacto ambiental.

El 17 de octubre del 2008, durante la administración de Óscar Arias Sánchez, se publicó un Decreto Ejecutivo que declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas y ese mismo día el ministerio de Ambiente y Energía autorizó que se cortaran árboles en las áreas boscosas, a pesar de que había especies en peligro de extinción y otras especies que se identificaron incorrectamente.

Tres días después, el 20 de octubre de aquel 2008, la Sala Cuarta ordenó que se suspendiera la tala del bosque en Crucitas. A partir de ahí se vino una tremenda discusión ambiental y el impedimento a Industrias Infinito para cumplir con su objetivo de explotación minera de oro a cielo abierto.

La bronca entre nuestro país y la empresa canadiense fue creciendo hasta que en el 2014 Industrias Infinito nos demandó por 94 millones de dólares ante Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, en Washington, Estados Unidos.

Tres años después, la empresa extranjera aumentó el monto de la demanda a 321 millones de dólares, porque según ellos hicieron grandes inversiones en Crucitas y nunca las recuperaron con la explotación del oro.

En junio del 2021 el CIADI le dio la razón total a Costa Rica y mandó a guardar la denuncia de Industrias Infinito, pero el pasado 6 de enero, según confirma el propio CIADI, los canadienses pidieron anular la decisión que le dio la razón a Tiquicia, o sea, el tema no ha terminado y hay una millonada en juego.