EscucharEl 2023 pareciera traer a su lado serios problemas para los usuarios del servicio de buses.
Los diputados se fueron a vacaciones sin resolver un tema que tiene pensando a los autobuseros y sobre todo a la población de a pie, ya que a partir del 1 de enero tendrán que dejar de circular cerca de 296 buses debido a su antigüedad y eso definitivamente tendría un impacto negativo en el servicio de transporte.
Silvia Bolaños, vicepresidenta de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), lamenta que no se haya aprobado a tiempo el proyecto de ley 22.530 (Ley para la protección del Sector Autobusero Nacional) que pretende ampliar la vida útil de los buses.
“Es técnicamente sustentable que la vida útil de los autobuses con el mantenimiento adecuado y fiscalizable mediante la revisión técnica vehicular (semestral), puede perfectamente extenderse a 20 años, 5 años más que los autorizados actualmente”, detalla el proyecto de ley que tiene 130 mociones en contra, la mayoría interpuestas por legisladores del Partido Frente Amplio que se opone rotundamente al plan, ya que asegura que extender la vida útil de los buses implica retrasar la modernización de la flotilla y la aplicación de la ley 7600.
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“El problema que se presentaría es a partir del 1 de enero cuando evidentemente más de 296 unidades tengan que salir del transporte público, lo cual generaría una afectación en las comunidades, teniendo que cesar algunas empresas sus servicios porque hay un acuerdo del Consejo de Transporte Público (CTP) en este momento donde se dice que no se dará la posibilidad de continuar operando aquellas rutas donde las unidades superen la antigüedad permitida”, dijo Silvia Bolaños.
“Este es un tema de continuidad de servicio, tenemos que ser responsables con las comunidades y garantizarles que a partir del 1 de enero seguirán teniendo el servicio de transporte público”, agregó Bolaños la semana pasada cuando hizo un llamado especial a los diputados para que aprobaran el proyecto de ley por la vía rápida, algo que no ocurrió.
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El presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró que la aprobación o no del proyecto es una decisión legislativa, por lo que “el Gobierno de la República no tiene la potestad para decidir de una manera o de la otra”. Además, agregó que con este proyecto de ley, ya sea que se apruebe o no, habrá serias implicaciones para los usuarios.
Por su parte Natalia Díaz, vicepresidenta de la República, dijo que esperaban construir “algo” de la mano del Consejo de Transporte Público y que la decisión se anunciaría de forma oportuna, pero aún no ha habido ningún pronunciamiento al respecto.
