Una niña de apellido Suazo, de tan solo mes y medio de nacida, quien falleció el 9 de setiembre, y otro niño apellidado Navarro, de un año, que murió el 30 de octubre, podrían ser dos nuevos casos de atención tardía del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en Alajuela.

“En el caso de la niña fallecida el 9 de setiembre, se acudió por reporte del 911 y se concluye que: ‘El fallecimiento de la persona menor de edad no se reporta de parte de ninguna instancia como una situación de negligencia’. El caso se cierra”, respondió el PANI mediante correo electrónico.

En el caso de Navarro, desde cinco meses antes de su muerte existía un expediente de atención en la oficina de esa institución de barrio San José de Alajuela, pero el auxilio que le dieron que no evitó que muriera.

"La intervención determina dar el apoyo y seguimiento a la familia, atención psicológica en la CCSS, regular la situación migratoria y se hace referencia al IMAS”, respondieron sobre ese caso.

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Estos casos, y algún otro que surgiera en el camino, podrían ser investigados por los diputados que integran la comisión especial permanente de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, quienes solicitaron la cabeza de la presidenta ejecutiva del PANI, Patricia Vega, además de corregir los protocolos de atención de menores.

Estas recomendaciones tienen como objetivo solucionar la crisis en la institución, a la que ya se le achacan tres muertes de niños en este 2019 por supuestas negligencias. Un menor de cinco años vecino de Alajuela, que murió el 5 de mayo al parecer a manos de su madre y su padrastro, el PANI había recibido una denuncia por maltrato.

Otro fue un bebé recién nacido que perdió la vida el 8 de mayo en Alajuelita, la institución también recibió quejas contra los padres de ese menor por negligencia. Y el último fue un pequeño de tres años que falleció en Desamparados el 7 de junio luego de que se lo entregaron nuevamente a sus padres.

María José Corrales es una de las diputadas de dicha comisión y le consultamos su opinión sobre los últimos dos casos de muertes de niños, las cuales se habrían podido evitar con una intervención oportuna del PANI.

“Si se confirma que no se actuó a tiempo, se evidencia que urge corregir los protocolos de atención y que se necesita acelerarlos en caso de que sean prioridad (la atención puede tardar más de un día). También la importancia de que las oficinas trabajen 24/7 y que se asignen las plazas aprobadas por la Unidad Presupuestaria. Hago un llamado al presidente Carlos Alvarado a que revise el informe que presentamos”, explicó la legisladora verdiblanca.

Corrales también cuestiona al presidente de la República el por qué mantiene a una jerarca que, según ella, no tiene la sensibilidad social que se requiere para atender a la población menor de edad y que ha sido señalada por la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República.

Vega se refirió tanto al informe sobre la muerte de los dos últimos menores y a las solicitudes de los diputados.

“Me dan la razón, por lo que no descansaré y continuaré trabajando por el uso eficiente y eficaz de recursos públicos y servicios de impacto real en la vida de los niños y adolescentes”, aseguró.

Los diputados, en su informe, encontraron que hay 11 mil menores que no se atendieron durante el 2017 y que hay un aumento considerable de casos.

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“De las 218 plazas aprobadas, solo ha asignado 84 en oficinas regionales, metió a 33 en oficinas centrales que no estaban aprobadas y tiene 64 plazas vacantes”, aseguró la legisladora sancarleña.

Padre luchador

Luis Guillermo Arrieta estuvo durante 30 meses luchando con el PANI para que le entregaran a su hijo Sebastián, pues consideraba que estaba en peligro con su madre.

“Les dije, en marzo del 2010, que mi hijo iba a morir ahogado en el río Blanquito (pasa detrás de la casa donde el pequeño vivía con su madre) y no me hicieron caso, al final así ocurrió en diciembre de ese año”, recordó el padre.

Durante todo ese tiempo llegaba a las oficinas regionales del Patronato Nacional de la Infancia en Limón y Pococí a presentar las pruebas de lo que denunciaba, pero dice que nunca le hicieron caso y lamentablemente su mayor temor se hizo realidad el 29 de diciembre del 2010.

“El PANI siempre ha sido lo mismo, no hay personal idóneo que trabaje con amor por la niñez", indicó don Guillermo.

Sebastián tan solo tenía tres añitos cuando murió. Don Guillermo asegura que hasta debió soportar que le echaran la policía por “necio”.

“Cuando escucho que un niño murió y el PANI no hizo nada por salvarlo, me refresca todas mis angustias. Me recuerda todo lo que mi hijo sufrió y me pongo en el lugar de los padres y lo que están sufriendo. Por más que uno pelee nunca se supera al hijo fallecido”, confesó el sufrido padre.

Agregó que la intervención que piden los diputados, él lo solicitó desde el 2008 en la Sala IV, pero que mientras tanto se siguen muriendo los chiquitos.

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