Diputados de diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa se pronunciaron luego de conocer la resolución de la Sala IV, que declaró inconstitucional la “ley jaguar”.
Este martes por la noche, los magistrados dieron a conocer que dos de los artículos analizados violaban la Constitución Política. Este es el segundo proyecto que presenta la administración Chaves Robles, para convocar a un referéndum.
María Marta Carballo, jefa de fracción del PUSC afirmó:
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“En relación con los vicios de constitucionalidad encontrados en el proyecto de ley jaguar 2.0, debemos indicar que es necesario que, al igual que como se hizo con la versión 1.0 esperar el fallo completo para ver las razones expuestas por los magistrados, sobre la constitucionalidad.
“Desde la fracción del PUSC habíamos presentado una propuesta como plan B, en caso de que los magistrados rechazaran la versión 2.0 de la ley jaguar.
“Siempre hemos manifestado la necesidad del proyecto de Ciudad Gobierno, así como la terminal de cruceros de Limón, dos temas importantes, para el ahorro de recursos para el Estado, así como para la generación de empleo y la reactivación económica de la provincia de Limón”.
Anticipado
Para Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN, los verdiblancos habían anticipado las irregularidades en los proyectos de ley.
“Tal y como lo habíamos anticipado, luego del análisis del nefasto proyecto presentado por el Poder Ejecutivo como Ley Jaguar 1, el día de hoy la Sala Constitucional ha confirmado que el intento de ley Jaguar 2.0 es también inconstitucional, después de analizar la consulta presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República.
“Costarricenses, no podemos normalizar los intentos de legalizar lo ilegal, tampoco podemos abrirle la puerta a la corrupción. En próximos días estaremos analizando como fracción este voto completo, pero anuncio de una vez que esta fracción estará votando en contra de este proyecto que solamente busca debilitar los controles que debe tener cualquier Gobierno al ejecutar fondos públicos”.