Lo que conversa, mensajea o incluso su ubicación podrían ser conocidos por el ICE, sin que usted se dé cuenta. En resumen, podría estar siendo espiado.
Así de desprende de las denuncias hechas por el diputado Mario Redondo Poveda, del partido Alianza Demócrata Cristiana, la diputada del Frente Amplio, Patricia Mora, así como Juan de Dios Cordero, coordinador del Frente Interno de Trabajadores del ICE.
Los dipus se mandaron rudo con plancheta al pecho del ICE y de una vez enviaron una carta urgente a don Wálter Espinoza Espinoza, director general del OIJ, para denunciarle este supuesto espionaje que podría estar realizando el departamento de seguridad del ICE a cualquier costarricense que tenga una línea celular con ellos.
Según las denuncias de los diputados, todo comienza cuando el ICE crea su dirección de protección y seguridad institucional (DPSI), que es un departamento de vigilancia como el que tiene cualquier empresa para velar porque nadie se robe nada y que nadie arruine los equipos que usan en sus trabajos.
La carta donde los diputados hacen la denuncia dice que la DPSI tiene como director a Juan de la Cruz Brenes Solera, hasta ahí todo bien.
OIJ manda
La nota agrega que como el ICE tiene la tajada más grande del pastel de las telecomunicaciones en Tiquicia, contrató y puso en funcionamiento un software para intervenir llamadas telefónicas que se llama LIG, que le permite al Poder Judicial, mediante orden de un juez, realizar grabaciones de llamadas y datos (como correos electrónicos y mensajes de texto) de sospechosos en investigaciones judiciales.
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Hasta aquí todo sigue puras tejas, sobre todo porque a partir del 2015, a pedido del propio Poder Judicial, el software LIG y quienes los operan fueron trasladados al centro de intervenciones del Poder Judicial.
El gran broncón comienza , según los dipus y el Frente Interno de Trabajadores del ICE, cuando la institución, ya sin el software LIG, contrata a una empresa privada para seguir teniendo la posibilidad de escuchar llamadas de los costarricenses y sus ubicaciones mediante un software llamado Locatix, ahí fue donde por primera vez la mula botó a Genaro porque ahora el Poder Judicial localiza gente y el ICE también, este último dizque lo hace pa’ ayudarle al Poder Judicial.
ICE crea su propio programa
Y el asunto se escocheró por completo, explica la carta de los diputados, cuando el departamento de vigilancia del ICE, el DPSI, que se hizo para cuidar los activos de la institución tal y como lo hace cualquier departamento de vigilancia de cualquier empresa, tomó la decisión, con plata de todos los ticos, de crear su propio software para ubicar personas, escucharlas y grabarlas, ese nuevo software se llama Silocel (Sistema de Localización de Llamadas).
“¿Por qué gastó el ICE plata de los costarricenses para hacer un software para vigilar, escuchar y grabar a cuanta persona tenga celular? ¿Por qué el departamento de vigilancia del ICE desarrolla un software para hacer labores que solo debe realizar el Poder Judicial?
“Y lo peor, ¿por qué ese departamento del ICE construyó ese software y ahora el jefe absoluto es Juan de la Cruz Brenes?, persona a quien ya la Sala Cuarta lo había cuestionado, precisamente por actos ilegítimos al violentar la privacidad de funcionarios del Gobierno”, fueron las preguntas del diputado Redondo, quien nos dejó claro que actualmente no está seguro cuando usa su celular, el teléfono de su casa y el de su oficina porque podrían estarlo grabando.
De igual forma se manifestó Juan de Dios Cordero.
“Yo no sé si esta llamada que usted me hace la están espiando, me la están grabando. Lo que está sucediendo es demasiado grave, hablamos que es la privacidad de todos los ticos la que se estaría violando. Siento pena y vergüenza en nombre de todos los empleados del ICE porque están manchando el nombre de la institución con estas denuncias”, afirmó Cordero.
ICE se quita el tiro
De una vez el ICE se quitó el tiro por estas acusaciones.
“El Instituto Costarricense de Electricidad niega categóricamente que utilice herramientas tecnológicas en la red de telecomunicaciones sin la debida autorización judicial, tal y como lo afirmaron dos legisladores en el Congreso y replicaron algunos medios de comunicación.
“Por el contrario, el ICE, a través de su plataforma de telecomunicaciones actúa solamente ante una solicitud de un juez, quien gestiona –formalmente y de acuerdo con sus potestades– el apoyo al Instituto, dentro de un proceso que en todos los casos queda protocolizado y documentado”, aseguró el departamento de prensa del ICE por medio de un comunicado.
También el ICE, garantizó la confidencialidad de la información que tiene.
“Los requerimientos judiciales se atienden con celeridad y en apego a los más estrictos estándares de seguridad que garantizan la confidencialidad de la información requerida por las autoridades en sus investigaciones.
“Es falso que el ICE posea o haya adquirido software o equipos para intervenir llamadas telefónicas. Desde hace aproximadamente dos años, con la creación del Centro Nacional de Intervenciones es este ente, adscrito al Poder Judicial, la única instancia que por ley tiene la competencia de ejecutar esta gestión”, afirmó el ICE en un comunicado.