Varios diputados dieron a conocer que en el propio corazón de la Asamblea Legislativa se estarían dando unas tremendas injusticias laborales contra los trabajadores que se encargan del aseo y mantenimiento del edificio.
El legislador liberacionista Francisco Nicolás fue uno de los que levantó la voz por esta situación y hasta entregó documento al Directorio Legislativo para que se investiguen los hechos y se tomen cartas en el asunto en caso de comprobarse las irregularidades.
“Lo que voy a mencionar acá, de ser cierto, es una gran vergüenza para este poder de la República. Aquí mismo, en nuestra narices, me han informado que se están incumpliendo las leyes laborales, se está inclumpliendo el código de trabajo y he generado esta dos notas de consulta, una a la directora administrativa de la Asamblea Legislativa (Karla Granados) y otra a la dueña de la empresa Dequisa, que es la empresa que nos hace mantenimiento y limpieza.
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“Tengo informes de varios de estos trabajadores donde me indican que no son objeto del salario mínimo legal; que reciben solo ¢58 mil por semana, que además de eso los obligan a tomar vacaciones cuando nos vamos de receso y si no tienen vacaciones, no les pagan esa semana, oigan ustedes el atropello laboral”, manifestó Nicolás en el Plenario Legislativo.
El diputado dijo además que incluso le han dicho que algunas de estas personas trabajan sin contrato laboral y otros no están cubiertos con la póliza de riesgos del trabajo.
Uno de los afectados contó que también les quitaron los tres días de luto que tenían cuando fallecía un familiar cercano y que cada vez que tienen una cita médica les rebajan el tiempo que tardan.
Amenazas
Minutos después de la intervención del diputado, él recibió mensajes de algunos trabajadores quienes ya habían recibido amenazas presuntamente de parte de la empresa para que no hablaran más de las injusticias que viven.
Ante esta preocupante información, la diputada Gloria Navas pidió que se les preguntara a los empleados quién era la persona que los estaba amenazando, ya que podría estar incurriendo hasta en un delito.
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La diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, pidió la palabra para decir que hace unos dos meses ella había enviado un documento al Directorio de la Asamblea Legislativa sobre la misma situación, pero le preocupaba que no había recibido respuesta, por lo que hace una semana le entregó los documentos en la mano al diputado Manuel Morales, quien es miembro del directorio.
Morales justificó la inacción diciendo que Alfaro había mandado los documentos a una dirección de correo errónea, pero que ahora que ya tienen los documentos, actuarán.
La diputada Dinorah Barquero aseguró que también conocía de los supuestos atropellos y que no había denunciado porque tenía conocimiento de la la diputada Alfaro ya estaba con eso, pero se sintió preocupada al saber que no se han tomado acciones, por lo que pidió al director tomar medidas lo antes posible para acabar con las presuntas violaciones laborales.
La Teja contactó a la empresa Dequisa para pedir su posición ante las serias acusaciones y esta lo negó todo.
“Negamos las acusaciones, son falsas. Debo sumar que, desde el inicio de la contratación, con periodicidad mensual brindamos información idónea al área de servicios generales de la Asamblea Legislativa dando fe que todos nuestros trabajadores reciben el salario de ley, que cuentan con las garantías sociales y las pólizas de seguros”, informó Dequisa.