Los diputados aprobaron, en segundo debate, un proyecto de ley que tiene como fin ayudar a construir un país más seguro. El expediente tuvo 39 votos a favor.
La iniciativa fue propuesta por el diputado liberacionista y presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y su compañero de bancada Danny Vargas, y prohíbe la naturalización a quienes hayan sido condenados, en los últimos 10 años, a más de tres años de prisión, en Costa Rica o el extranjero. El delito debe ser de carácter doloso y la pena debe estar en firme.
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Además, la iniciativa especifica que en los casos en los que un extranjero busque la nacionalización y tenga procesos penales pendientes (dentro o fuera de Costa Rica), se tomarán medidas legales que permitan suspender el trámite de solicitud de naturalización hasta que se cuente con una sentencia firme y definitiva.
El texto del proyecto excluye de esta prohibición a aquellas personas extranjeras reconocidas como refugiadas, apátridas y asiladas, siempre y cuando los antecedentes penales que tengan sean previos al otorgamiento de estas categorías.
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Además, la reforma incluye prohibir la naturalización de quienes la hayan obtenido de forma fraudulenta a través de la violación de los requisitos que dispone la ley.
Lo único que falta para que la iniciativa se convierta, oficialmente, en ley de la República es la firma del presidente Rodrigo Chaves.