La diputada y jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, presentó un proyecto de ley con el que busca reformar el sistema penitenciario del país.
El principal objetivo de la iniciativa es que durante la pena de cárcel que deben cumplir los sentenciados, estos deban trabajar o estudiar si quieren obtener beneficios carcelarios.
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“Si quieren recibir beneficios carcelarios tienen que trabajar o estudiar. De tal manera tendrán recursos para pagar pensiones alimentarias, responsabilidades civiles si las tuvieran y darle al Estado cargas sociales por su manutención”, dijo la legisladora.
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El plan define cómo se administrará el dinero que gane el recluso, que estará en manos de la administración del centro penal. Esa compensación económica, que se pagaría semanalmente y se destinaría de la siguiente forma:
-25% para la obligación de pensión alimentaria
-25% para obligaciones civiles o resarcitorias (pagos acordados en la sentencia).
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-25% al Estado para sufragar el gasto que genera la estadía del privado de libertad en prisión.
-25% a un fondo para gastos personales de las personas en prisión.
El trabajo no debe exceder las 8 horas diarias y podrá ser realizado solo en jornada diurna, tanto dentro como fuera del recinto penitenciario, excepto las personas condenadas por homicidio, delitos sexuales, narcotráfico, lavado de dinero y violencia contra las mujeres, que solo podrán trabajar dentro del centro penal.