La diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, envió una carta al presidente de la República Rodrigo Chaves solicitándole la destitución del representante de los empresarios autobuseros en la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP).
La legisladora justifica su petición basada en los millones que adeuda Esteban José Ramírez Bioley, conocido como Orlando, por un total de ¢363.580.661, que corresponden ¢43 207.941 a la Caja Costarricense del Seguro Social y los restantes ¢320 372.720 a los cánones de las tarifas de bus de cuatro de sus empresas.
La carta indica que han recibido información de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que las empresas autobuseras de las que el señor Ramírez es dueño, adeudan del canon de ley las siguientes sumas:
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- CESMAG ¢200 715,,383,77
- Autotransportes Raro S.A. (Ruta 6) ¢19 677.439,40 y ¢51 914.982,46 de la ruta 61.
- Autotransportes Zapote ¢48 064.915,17
Todas estas sumas se encuentran en cobro judicial.
“El pago de los cánones es un costo reconocido en la tarifa, por lo tanto, los usuarios son los que los pagan, al igual que el subsidio que se da a pasajes de adultos mayores, de manera que no hay justificación para tal situación”, explica la frente amplista.
Agrega que Ramírez es el representante de un sector empresarial (autobuseros) y fue en esta condición de empresario y representante empresarial, que se le designó en la Junta Directiva del CTP, no en su condición de persona física.
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“No es aceptable que esta persona esté en una junta directiva, regulando su propia actividad empresarial, al estar incumpliendo con sus obligaciones legales como empresario”.
“Ante este panorama, le solicitamos que el señor Ramírez sea destituido de su representación empresarial como un acto de congruencia con la lucha contra la corrupción en la función pública”, finalizó la carta de la diputada.