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La diputada Nuria Céspedes cumplió su cuarto día de plantón en el centro de la sala plenaria de la Asamblea Legislativa, en protesta ante una propuesta legal que plantea el aborto libre en el país.
“Me estoy oponiendo porque en los artículos que traen, hay uno que dice que se puede abortar hasta las catorce semanas (...) es una aberración en contra de los no nacidos”, dijo Céspedes, del partido Nueva República.
"Ya no estoy en mi curul, me vine al centro del plenario (de 57 legisladores). No se puede entender como varias feministas quieren meter el aborto. Los no nacidos nos van a representar más adelante. Ellos ahora no tienen voz pero esta diputada levanta la voz por ellos", agregó, vía telefónica.
La diputada está sin zapatos y participa de las sesiones desde el centro del plenario. Luego pasa la noche allí hasta el día siguiente, cuando se reanudan las labores, comentó.
Dijo que mantendrá esta medida hasta que por lo menos sea escuchada por el gobierno. Su protesta, dice, también es en reclamo a la falta de sanción a los asesinatos de dos dirigentes indígenas, defensores de pueblos originarios.
A inicios de marzo, el grupo Movimiento por el Aborto Legal, presentó una iniciativa para despenalizar el aborto, que esperan elevar al Parlamento. Para que esta propuesta sea acogida a debate, debe ser respaldada por al menos 170.000 firmas. La organización ya comenzó con la recolección de firmas.
El proyecto plantea que las mujeres puedan decidir libremente si pueden abortar, hasta la semana catorce de gestación, y a partir de ahí, se cumplan las reglas del aborto terapéutico. En Costa Rica no está permitido el aborto en caso de violación.
En 2019, el gobierno del presidente Carlos Alvarado, del progresista Partido Acción Ciudadana (PAC), puso en vigencia una norma técnica que regula la aplicación del aborto terapéutico en caso de riesgo para la salud o la vida de la madre, una medida que desató airadas reacciones de sectores conservadores.
La disposición establece una guía para la realización de abortos conforme a lo establecido por el Código Penal desde 1970, que admite interrumpir el embarazo en el país únicamente en caso de que exista un riesgo para la salud o la vida de la mujer gestante.
