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La Contraloría General de la República (CGR) rechazó una consulta del alcalde de San José, Diego Miranda, sobre el salario que debería recibir.
El 29 de mayo pasado, el Concejo Municipal de San José aprobó un ajuste de ¢175.000 para el salario del alcalde, que pasaría a ganar ¢5.740.000 por mes. Luego, el 4 de junio se congeló la aplicación del incremento, debido a que la Contraloría General de la República advirtió de que el monto aprobado sobrepasaba el límite fijado por la ley.
Según informó La Nación, la CGR señaló que la solicitud no cumplía con los requisitos para ser analizada, ya que no se planteó de forma genérica, sino con base en su caso concreto, y le solicitaron a Miranda que, en el plazo de cinco días hábiles, consultara el criterio de la Contraloría y la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la remuneración que debían recibir.
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No cumplió requisitos
El viernes 21 de junio, la Contraloría respondió al alcalde (mediante el oficio DJ-1138) que la consulta no cumplía con lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la CGR.
Dicho artículo establece que las consultas deben “plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante.
“Estamos frente a un caso concreto en donde se expone una serie de circunstancias específicas que corresponden al criterio de la Dirección de Talento Humano de la Municipalidad, con respecto al monto salarial que debe percibir el alcalde y otros funcionarios”, señaló la CGR.
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La institución aclaró que su potestad consultiva no permite que entre a revisar la legalidad de las actuaciones de la administración, ya que estos aspectos concretos atañen al ámbito de decisión de la Municipalidad de San José.
“Una de las principales razones por las cuales la Contraloría General no entra a definir situaciones concretas del sujeto consultante, es no solo porque estaría sustituyendo a quien le compete tomar las decisiones, sino también porque, fácilmente, podría adoptarlas sin estar suficientemente informada de aspectos esenciales del caso”, explicó la entidad.
