EscucharEl presidente de la República, Rodrigo Chaves, recibió este lunes el que podría ser el golpe más fuerte en lo que lleva de su Gobierno, según opina el politólogo y sociólogo Francisco Barahona.
El país amaneció con la noticia de que la Fiscalía y el OIJ hicieron 28 allanamientos y detuvieron a ocho personas, entre ellas a Marta Esquivel, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Las acciones son parte de una investigación por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias y prevaricato, seguida contra la junta directiva de la Caja, del período de febrero de 2023 a julio del 2024.
Los otros altos funcionarios y exfuncionarios de la junta, que fueron arrestados, son de apellidos Camareno, Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós.
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El Ministerio Público informó que, al parecer, dicha junta se apropió de forma indebida del conocimiento de un concurso público para la administración de 138 Ebais.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo, en el cual habrían ejercido control y, valiéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
“Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de ¢12.400 millones respecto al costo actual de la prestación del servicio en las mismas áreas de salud y en igualdad de condiciones técnicas, es decir.
“Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa junta sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos”, detalló la Fiscalía.
Las autoridades también investigan el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años; sin embargo, este se dio por 10 años.
Las áreas de salud adjudicadas el pasado 6 de julio son Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.
“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirma que las ocho personas detenidas ya fueron identificadas y está iniciando con la toma de la declaración indagatoria de estas; actualmente está en proceso dicha diligencia con las dos primeras personas imputadas, de apellidos Esquivel y Quirós.
Adicionalmente, la FAPTA informa que todos los allanamientos finalizaron, a excepción del que se mantiene en ejecución en la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la CCSS”, informó la Fiscalía este lunes en horas de la tarde.
Informe había alertado que procedimiento no estaba bien
El OIJ también señaló datos importantes sobre el caso. El organismo dijo que la junta de la Caja tomó la decisión sobre los ebais pese a un estudio financiero elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, donde se indicaba que los precios de las ofertas presentadas eran excesivos, pues significaban un aumento aproximado del 33%, por lo que le saldría más costoso a la institución brindar el servicio y esto no se apega al principio de menor costo, que faculta la contratación de terceros para brindar el servicio de salud.
“Pese a las recomendaciones por parte de la Junta de Adquisiciones de la Caja de declarar infructuosa dicha contratación, los imputados, a sabiendas del perjuicio económico que sufriría la institución, aparentemente, aprobaron dichos contratos y dejaron de lado los criterios técnicos”, detalló el OIJ.
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Los agentes judiciales allanaron la casa de Esquivel, en barrio Escalante, pero ella no estaba ahí.
Cuando la funcionaria se dio cuenta de que la andaba buscando la Policía se entregó en las oficinas del OIJ de Pérez Zeledón, ya que andaba por esos rumbos; ahí fue detenida.
Pasadas las diez de la mañana salió de ese lugar en una perrera y a eso de las 12:30 p. m., llegó al segundo circuito judicial de San José.
Ella y los otros siete detenidos por el caso, serán indagados y luego llevados a una audiencia para la solicitud de medidas cautelares.
Según la experiencia con casos similares, este proceso se puede extender por más de un día.
Quien dio la cara como representante del Gobierno sobre el delicado caso fue la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, quien dijo que había hablado con Rodrigo Chaves y sería ella quien daría la reacción de parte del Poder Ejecutivo.
Las declaraciones de Fernández dieron mucho de que hablar, ya que, negó cualquier proceso irregular en el tema de los ebais.
“Esto no huele nada bien, a todas luces es un abuso de poder; lo interpretamos como una amenaza clara de la Fiscalía al gobierno (...). El gobierno no va a aflojar, esperamos que el pueblo esté alerta y vigilante, porque estamos ante una amenaza sin precedentes en la historia de nuestro país”, afirmó Fernández.
Carlo Díaz, fiscal general de la República, le respondió a Fernández.
“No se puede hablar de un abuso de poder o de autoridad cuando se cuenta con una serie de pruebas que, con suficiente grado de probabilidad, sostiene la existencia de hechos delictivos, ni cuando nuestras peticiones están avaladas por la figura de un juez de garantías”.
El polítogo Francisco Barahona dijo que el mensaje del Gobierno iba dirigido a quienes apoyan de forma fiel a Chaves, y que no acostumbran cuestionarlo ni a él, ni a sus jerarcas.
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“Si la Fiscalía, bajo la autoridad de un juez, tomó la decisión de arrestarla, es por algo; la institucionalidad debe respetarse porque la Fiscalía tiene sus razones y tiene tiempo investigando este tema y no creo que haya actuado precipitadamente ni como dice la ministra, en términos sospechosos contra el Gobierno.
Barahona dijo que este es el golpe más duro que ha recibido el presidente y que Chaves está pasando por momentos muy difíciles, porque se está viendo como la propia institucionalidad, a través de estas denuncias, está investigando al Gobierno y eso él no se lo esperaba.
