EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) desmintió el argumento con el que Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Laura Fernández, ministra de la Presidencia, defendieron a Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Así lo dio a conocer La Nación en una publicación este miércoles en la que la Contraloría le respondió que las adjudicaciones de la Caja a cuatro cooperativas y una asociación médica para administrar 10 áreas de salud en la Gran Área Metropolitana durante 10 años por ¢471.000 millones sí están adjudicadas.
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Esta confirmación se da luego de que Chaves, Fernández y hasta Pilar Cisneros, diputada oficialista, argumentaran, en defensa de Esquivel que: “La adjudicación del contrato ni siquiera está en firme, a penas está en revisión de la Contraloría”.
La División de Contratación Pública de esa entidad explicó que, de las 10 áreas de salud licitadas, solo en un caso la adjudicación no está en firme, pues una de las empresas interesadas en el contrato presentó un recurso de apelación; señala La Nación.
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El lunes 23 de setiembre anterior los agentes de la Sección de Anticorrupción del OIJ y la Fiscalía realizaron 28 allanamientos para detener a Esquivel y a siete personas más por los presuntos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
La investigación la iniciaron desde el 2023 cuando al parecer miembros de la junta directiva de la Caja anularon un cártel de licitación y realizaron un nuevo procedimiento en el que supuestamente ejercieron controles con el fin de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud que se encargarían de la administración de los Equipos Básicos de de Atención Integral en Salud (ebáis).
Esto pese a un estudio financiero de contabilidad de costos de la Caja en el que se señalaba que los precios de las ofertas presentadas eran excesivos.
