EscucharRodrigo Orlich Soley, presidente de la Asociación Familia, Parentalidad y Crianza, denunció a la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Patricia Vega, por supuestamente haber hecho fiesta con 154 plazas.
Según indica la denuncia hecha por Orlich ante la Contraloría General de la República y de la cual La Teja tiene copia, en total, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (AP) aprobó 218 plazas para el PANI, de las cuales 45 se repartieron antes de que entrara Vega y ella ha repartido 154.
De las 154 plazas a 23 se les mantuvo el puesto aprobado por AP, pero fueron físicamente trasladadas a otras dependencias y 64 no están donde las nombraron, ni tienen la especialidad aprobada por la AP.
Ante esto, el PANI a través de un correo electrónico respondió lo siguiente a nuestra consulta:
“La Contraloría indica que la situación planteada está en proceso de admisibilidad, no hay ninguna investigación. Todos los nombramientos hechos en el 2018 y 2019 se han hecho por concurso y de acuerdo con la ley y que, para esta administración, la transparencia en el manejo de los fondos públicos ha sido una prioridad y hay total transparencia”, indica el correo.
Orlich comentó en su denuncia presentada el 19 de setiembre que, según el estudio técnico realizado por la AP, solamente se aprobaron 15 plazas administrativas para algunos departamentos de oficinas centrales del PANI, pero Vega ha colocado 33 plazas en áreas administrativas, respetando solo dos especialidades con su respectiva ubicación.
Y añade que algunas de las plazas asignadas sin aprobación de la AP en oficinas locales o direcciones regionales del PANI fueron para sustituir personal que fue trasladado con todo y su plaza a oficinas centrales. No obstante, el dato exacto de la cantidad de plazas en esta condición no se pudo conseguir en el departamento de Recursos Humanos del PANI, que indica como fuente de la información.
“Es importante explicar que todas las plazas que se otorgaron antes de 26 de octubre del 2018, debían pasar por un proceso de nombramiento y selección que obligaba a la administración a realizar una convocatoria al concurso por esas plazas, pruebas de idoneidad para cada uno de los puestos que incluían: un examen teórico sobre temas de niñez y adolescencia, una entrevista para conocer las competencias del candidato y una prueba psicológica. Una vez terminado este proceso se analiza a las personas seleccionadas en la terna para que inicien su periodo de prueba.
"En la actualidad las personas son nombradas a dedo, sin que demuestren idoneidad, sino que se basa solo en el currículum, siendo una decisión subjetiva del jerarca, quien es la última persona en dar el visto bueno al nombramiento”, aseguró el denunciante.
Es por eso que solicitó una investigación exhaustiva sobre la manera en que se hicieron los cambios en estos departamento.
