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La Defensoría de los Habitantes recibió información sobre un supuesto caso, en el que un reo habría vendido unos medicamentos que le recetaron.
A raíz de eso, la institución solicitó al director del centro penitenciario donde se dio la situación, cuyo nombre no fue revelado, que haga una investigación.
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Al parecer, el sospechoso aprovechó su reingreso al pabellón y vendió las pastillas que le entregaron durante una cita a un centro de salud.
“Para la Defensoría es importante que se verifique esa situación, máxime que el reglamento del sistema penitenciario en este caso, el artículo 341, dispone que los medicamentos usados por la población privada de libertad dentro de los centros, ámbitos y unidades serán suministrados por el Seguro Social y que, para dichos efectos, se deberán seguir controles estrictos con el fin de evitar su mala utilización.
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“El hecho de que una persona no utilice el tratamiento que le fue prescrito por su médico tratante, no solo afecta su proceso de atención en salud, sino que le impide el uso de los fármacos a otras personas que también lo requieren y tendrían la disposición de adherirse al tratamiento. Todo medicamento que se le prescribe a un usuario, es para su uso personal; la venta o donación para uso de otras personas, puede causar consecuencias graves e irreparables, e incluso la muerte.
En la respuesta al caso, el director penitenciario giró instrucciones a la policía para que, en el momento que se detecte una situación como esta, se haga un informe y remitir el asunto a los profesionales de salud y al director para actuar como corresponde.
