La Defensoría de los Habitantes confirma que hubo muchos pecados en la atención de los migrantes que envió Estados Unidos a nuestro país a la hora de recibirlos en el aeropuerto, el pasado jueves 20 de febrero.
El ente estuvo en el Puesto 2 del aeropuerto Juan Santamaría, con el objetivo de observar detalladamente todo lo que hacían nuestras autoridades y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con los migrantes y fue así como detectó las fallas.
La Defensoría entrevistó a los migrantes en los buses y asegura que no sabían ni en qué país estaban, qué tipo de trámites migratorios debían realizar, no sabían cuánto tiempo iban a durar en el bus hasta Corredores, en la zona sur del país.
Los migrantes --muchos de ellos con niños en brazos-- pedían su derecho a poder informar a sus familias el país en el que estaban, además, pidieron saber cuánto tiempo estarían en Costa Rica, porque nadie les dijo nada de nada.
Más y más pecados
Para la Defensoría hubo una limitada traducción en los diferentes idiomas que hablan los migrantes y que los traductores solo les dieron un mensaje muy básico y no les respondieron las preguntas más importantes que ellos tenían, o si podían llamar a sus familiares.
A todos los migrantes les quitaron sus pasaportes y todo documento de identidad, algo que evitó poder comprobar la relación familiar entre algunos.
Además, dan a entender que el PANI fue casi que a hacer acto de presencia.
“Su sola presencia no fue suficiente, dado que, tratándose del PANI, su intervención no fue coordinada para realizar un abordaje integral de la población menor de edad en el aeropuerto”, explican.
No se tuvo en el aeropuerto un lugar adecuado para su llegada y permanencia hasta su traslado al CATEM-Sur, considerando que se trató de un número elevado de personas (250).
“Era mandatorio garantizar el acceso a la información al primer momento de haber pisado suelo nacional. Esta primera medida tuvo impacto en diferentes aspectos que a continuación se detallan”, advirtió la Defensoría.
Menores fueron víctimas
Los menores de edad fueron víctimas de un proceso injusto. Luego de un transporte aéreo de más de cuatro horas, fueron trasladadas en forma inmediata a un segundo medio de transporte que los trasladaría unas seis o siete horas hasta Corredores.
“Agregar que sus madres manifestaron que tenían horas sin haber podido dormir adecuadamente, a su ingreso a los autobuses mostraban gran apetito. Costa Rica ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, por lo que es mandatorio garantizar que el interés superior del niño sea garantizado”, puntualizó la Defensoría.
A pesar de que había un número alto de mujeres, en su mayoría madres de familia, el INAMU no estaba presente.
Tampoco estuvo presente el CONAPAM, pese a la presencia de personas adultas mayores con dificultad para trasladarse y que también requerían de un abordaje especial.
Se observó, continúa denunciando la Defensoría, que algunas de las personas necesitaban atención sicológica, no obstante, no hubo primeros auxilios psicológicos. No se contaba con personal médico en cada una de las unidades de buses dispuestas para su traslado al CATEM-Sur.
Sin valoración médica
También la Defensoría denuncia: “era urgente que, a su llegada a Costa Rica, se verificara que estas personas recibieran una valoración médica que permita identificar si tenían alguna necesidad de salud o si requieren de alguna intervención para resguardar su vida, por ejemplo, acceso a medicamentos tratándose de patologías crónicas.
“Es decir, no hubo una atención prioritaria individualizada para cada una de las personas que identificara requerimientos médicos particulares. Algunos hombres mostraron las marcas en varias partes de su cuerpo e indicaron ser producto del uso de esposas en el viaje aéreo”.
El análisis que hace la Defensoría es que, “ser testigo de lo antes descrito, nos debe llevar a todas y todos a la reflexión: Costa Rica no se puede alejar de una tradición histórica de respeto a los Derechos Humanos y de ayuda humanitaria.
“Ni puede desconocer los compromisos internacionales que ha asumido en esta materia, a pesar del interés político que pueda motivar a la implementación de acuerdos de cooperación migratoria con otros países de la región”.