EscucharLa Defensoría de los Habitantes inició potente este 2025 y no se guardó nada para jalarle el aire al Consejo de Transporte Público (CTP) y a los autobuseros, quienes querían hacerse los locos con la accesibilidad.
Y es que la Contraloría le envió un comunicado a los autobuseros, en el que les recordaron que tienen la obligación de garantizar y respetar los derechos de todos los usuarios, en especial los de las personas con discapacidad.
Todo esto viene luego de que se presentara una denuncia contra un acuerdo que tomó la Junta Directiva del CTP. Resulta ellos están considerando que se hagan excepciones para que no todas las unidades de buses tengan rampas, además de que no quieren seguir aplicando las obligaciones de la Ley 7600.
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Esta decisión no cayó para nada bien y luego de que el CTP pidió un criterio jurídico a la Defensoría, claramente, les dijeron que no se pueden hacer excepciones y que por el contrario, todas y cada una de las unidades tiene que contar con todos los requisitos para que las personas con discapacidad puedan transportarse.
En el criterio, se lee puntual: “la ley 7600, por principio de legalidad, se debe aplicar tal y cual se encuentra vigente y, la única forma de modificar la aplicación de la norma es por medio de una modificación a dicha ley”.
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Y la Defensoría no son los únicos, la Sala Constitucional en más de una ocasión ha dicho que todas y cada una de las personas tienen que contar con accesibilidad a los buses, y no es viable hacer excepciones a la Ley de 7600.
A ojos de ambas instituciones, esta situación es una bola de nieve y si las personas con discapacidad no tienen acceso a algo tan básico como el transporte público, no van a tener acceso a los centros de enseñanza, laborales, sanitarios, recreativos, entre otros.
