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La Defensoría de los Habitantes concluyó, luego de una investigación en el Hogar Manos Abiertas, que se debe garantizar los derechos de las personas que atienden en esta fundación.
Recordemos que el hogar fue allanado el 5 de marzo anterior, luego de que aparentemente, un grupo de mujeres que se hacían pasar por monjas habrían usado parte de los fondos públicos que recibían para fines personales y también habrían explotado laboralmente a varias mujeres que realmente anhelaban convertirse en verdaderas monjas.
Según la Defensoría, tanto el Conapam como el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (Conapdis) se han quedado cortos para fiscalizar la atención de poblaciones vulnerables, como lo son los adultos mayores y personas con discapacidad que están en este centro de atención.
De acuerdo con la Defensoría, no se tiene un plan de capacitaciones para los encargados de estos centros y que permitan una atención adecuada en casos de emergencias judiciales.
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Tampoco se logró identificar el mecanismo utilizado por Conapdis para determinar el consentimiento informado a ser trasladado a diferentes alternativas residenciales, tratándose de las personas mayores de edad que se encontraban albergadas en dicho hogar, en resguardo de los derechos de autonomía y capacidad de jurídica de las personas con discapacidad.
“Por otra parte, la Defensoría calificó de ‘ausente’ la participación del Conapam tratándose del caso de la Fundación Manos Abiertas. Como ente rector en materia de vejez, el Conapam tiene la responsabilidad de velar por las condiciones de vida de la población adulta mayor con discapacidad, independientemente de la fuente de financiamiento de los centros”, destacó la institución.
