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El saber que una mujer fue asesinada poco después de salir a comer con un amigo y su cuerpo fue lanzado al Zurquí, y que otra murió también de forma violenta y su cuerpo fue desmembrado y puesto en una refrigeradora, demuestra que la sociedad ha perdido el rumbo y el respeto por la vida de las mujeres.
La Defensoría de los Habitantes hizo un análisis sobre las acciones del Gobierno para frenar el montón de asesinatos de mujeres que se han dado en los últimos meses, y lo que encontró duele en el alma.
Durante el 2023 se registraron 72 muertes violentas de mujeres, de las cuales 18 fueron femicidios y en lo que va de este año, los números tienen tendencia al alza, es decir, más mujeres son asesinadas a manos de sus compañeros y en condiciones que claramente muestran mayor crueldad y desprecio por sus vidas.
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Debido a eso la Defensoría hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que dote de recursos suficientes a las instituciones encargadas, para que cuenten con mayores herramientas a la hora de combatir este tipo de violencia, porque hasta el momento va ganando la violencia.
La institución determinó que la situación de la violencia contra las mujeres es cíclica y advierte que la prevención se ha quedado rezagada, además, la efectividad en la atención y la aplicación de la justicia es limitada.
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“Es oportuno que entre otras, se considere la posibilidad de proponer a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la regla fiscal a las instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar (en adelante Sistema Nacional), particularmente, las de atención directa, así como las posibilidades derivadas de la propia Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; como la cesión entre instituciones de espacio de crecimiento en el gasto corriente impuesto por dicha regla fiscal”, informó la Defensoría.
Ante este panorama, la institución solicitó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, enviar un informe sobre las acciones que se adoptarán para dar los recursos presupuestarios indicados, incluyendo la priorización de ese tipo de inversión social y de seguridad, así como las acciones para su pronta ejecución.
