La Superintendencia de Telecomunicaciones decidió eliminar la regulación que se llevaba a cabo en las tarifas de telefonía e Internet móvil, por lo que las compañía telefónicas podrían cobrar a los usuarios lo que les dé la gana.
Pero, ¿por qué?, la respuesta aún no está muy clara, tanto así que debido a esa decisión, la misma Defensoría de los Habitantes ya pegó el brinco, por no estar de acuerdo con la decisión de la Sutel.
Básicamente, lo que hizo Sutel fue dejarle la potestad a las empresas como Kölbi, Movistar y Claro de definir ellas si suben o bajan los precios por ese servicio.
Anteriormente, la Sutel era, para ponerle un ejemplo, como la FIFA en el fútbol y ahora pasaron a ser un simple árbitro.
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Antes de esta decisión, la Superintendencia era la que le ponía a las telefónicas un piso y un techo para cobrar por los servicios de celular e Internet en los móviles. En cambio, ahora las empresas pueden cobrar lo que ellos crean más conveniente.
"La Sutel lo único que puede hacer es supervisar que no haya cobros excesivos y hasta después de que se realizaron intervenir, no como antes, que ellos eran los que marcaban la pauta", explicó Ahmed Tabash de la Defensoría de los Habitantes.
Defensoría contraataca
De hecho, según la información que envió la defensora de los habitantes, Montserrat Solano, existen dudas del procedimiento por medio del cual la Sutel tomó esta decisión.
"La Defensoría debe analizar para ver el fundamento de la decisión y ver si se incluyó un razonamiento de las 10.391 observaciones de las que la Sutel indicó que se presentaron por la apertura pública, o sea, eso quiere decir que tuvo 10 días hábiles para esto y para la redacción de 173 páginas de la resolución", dijo Solano.
Agregado a esto, Tabash le comentó a La Teja que la Sutel no tenía ninguna urgencia para tomar esa decisión, porque no tenían una fecha límite para hacerlo.
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La Defensoría tiene tres días hábiles para analizar la decisión de la Sutel y realizar así una respuesta técnica para apelarla, ya que consideran que en el país se sigue presentando un mercado oligopólico, lo que significa que está siendo manejado por un pequeño grupo de oferentes, en este caso telefónicas.
¿Y la descarga de datos?
Además de definir las tarifas a su gusto, las compañías telefónicas podrán cobrarles a las personas si se exceden con el uso de datos de Internet y ya no solo bajarles la velocidad, tal y como estaba pasando con la política de "uso justo".
Esta política, aunque no se tocaría con esta decisión, sí tendría ese cambio significativo.
Significa que una empresa como el ICE, por ejemplo, le podría ofrecer a sus clientes que ellos paguen más dinero una vez que gasten sus datos en vez de bajarles la velocidad, ya sea con planes posteriores o de forma automática, según así lo decida cada cliente.
La Teja le consultó a Esteban Mora, ingeniero en sistemas y experto en temas tecnológicos, sobre la decisión y esto fue lo que nos respondió sobre las ventajas y desventajas.
"La ventaja de esto es que las empresas ahora tienen la libertad de ofrecerle más a sus clientes, y más barato, por lo que por ahí podría ganar el usuario, siempre y cuando la política se mantenga hacia abajo. Lo que me preocupa es que Costa Rica es uno de los países más baratos de la región con respecto a telefonía móvil, por lo que sin regulación el precio pueda subir", afirmó Mora.