Debido a la terrible ola de violencia que vive el país, varios diputados propusieron un proyecto de ley para endurecer los castigos de las personas que se atrevan a hacer amenazas con armas de fuego.
Los legisladores María Marta Carballo, Alejandro Pacheco, Carlos Andés Robles y Leslye Bojorges, todos de la Unidad Social Cristiana (PUSC), fueron los que propusieron la iniciativa.
“Las amenazas con arma de fuego se han convertido en escenas diarias en los espacios públicos costarricenses y estas conllevan consecuencias para la víctima. El uso de un arma de fuego como medio de intimidación puede causar un gran temor y angustia, y puede llevar a la víctima a tomar decisiones que no desearía tomar”, señala la argumentación del proyecto.
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Actualmente el código penal establece que “será sancionado con prisión de quince a sesenta días o de diez hasta sesenta días multa, a quien hiciere uso de amenazas injustas y graves para alarmar o amenazar a una persona, o por dos o más personas reunidas, o si las amenazas fueren anónimas o simbólicas”.
Si se aprueba el proyecto de ley se agregaría un párrafo que diría “será sancionado con pena de tres a cinco años cuando la amenaza se realice con arma de fuego”.
En cuanto a amenazas a funcionario la ley estable que “será reprimido con prisión de un mes a dos años quien amenace a un funcionario público a causa de sus funciones, dirigiéndose a él personal o públicamente, o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica”.
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Con la aprobación del proyecto se le agregaría: “será sancionado con pena de tres a cinco años cuando la amenaza se realice con arma de fuego”.
Los legisladores socialcristianos aseguran que esta nueva sanción ofrece una mayor protección para la víctima, permite una mayor coherencia en la legislación penal y puede ayudar a disuadir a los delincuentes de cometer este tipo de delito.