La intensión de los autobuseros de que se apruebe el proyecto de ley 22.530, que extendería la vida útil de los buses de 15 a 20 años, está varada en la Asamblea Legislativa y tiene muchos detractores.

Ante esa realidad al Consejo de Transporte Público (CTP) tomó una determinación.

“Se previene por única vez, que en el plazo improrrogable de tres meses, contados a partir del día siguiente hábil a la publicación de la presente notificación en el Diario Oficial La Gaceta, deberá todo concesionario o permisionario de ruta regular proceder a sustituir la o las unidades que, al amparo del artículo 46 bis de la Ley 7600, se encuentran fuera de vida útil (es decir, que tengan más de 15 años de antigüedad)”.

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El documento ya fue enviado a La Gaceta, pero aún no ha sido publicado.

Quienes incumplian la orden una vez vencido el plazo, se expondrán a que les quiten la concesión.

Asimismo, se realiza la advertencia de que, conforme a la Ley 7600, las unidades fuera de vida útil no podrán prestar servicio público en modalidad ruta regular.

Injusto

La diputada Sofía Guillén, del Partido Frente Amplio, es una de las que se opone a que se extienda la vida útil de los buses, ya que no ve justo para las personas con discapacidad que se sigan usando unidades viejas que, muchas veces, no cuentan con lo necesario para que esa población viaje de forma cómoda.

Al consultarle a la legisladora si está dispuesta a negociar el proyecto de ley y permitir que la vida útil de los buses se extienda por dos o tres años, Guillén respondió

“Más que solo la cantidad de años el problema aquí tiene que ver con garantizar que las unidades estén en buen estado, que sean espacios seguros, que sean accesibles, ¿a quiénes se les permitiría? ¿a las empresas grandes que tienen ya ingresos recuperados, pero que no les da la gana cambiar?, ¿o a las chiquititas?”, manifestó.

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Ella insiste en que hay una opción que se está desperdiciando y podría ser de utilidad en este proceso.

“Yo insisto en el fondo de avales, porque es dinero que proviene de un préstamo por el cual ya estamos pagando intereses los costarricenses y no se está usando. Un fondo de avales que se aprobó en media crisis de la pandemia para ayudar a activar la economía de las micro y pequeñas empresas de distintos sectores y no se ha usado un colón. Ese dinero hay que ponerlo a caminar”.

Ahora bien, Guillén dice que este fondo podría servir para dar financiamiento a las pequeñas empresas de buses, porque las grandes tienen la capacidad de acudir a los bancos.

Buscan financiamiento

Silvia Bolaños, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), dice que no le sorprende el atraso que hay en el Congreso.

“Somos conscientes de que la comisión en la que se encuentra el proyecto, que es la de Económicos, es una de las más sensibles de la Asamblea Legislativa por los temas que tiene que ver, y por eso fue que intentamos que en diciembre el proyecto avanzara en las sesiones extraordinarias. Sabíamos que una vez que se regresara a las sesiones ordinarias iban a llegar a la comisión una serie de proyectos que iban a generar este tipo de posposiciones.

“Para nosotros no es de recibo, en el sentido de que requerimos que el proyecto siga avanzando; sin embargo, de momento lo que estamos haciendo es tratando de buscar los financiamientos necesarios. Al final de cuentas acá lo que tiene que entenderse es que lo que se pretende es contar con los recursos para hacer las sustituciones de flota. Eso, más tarde o más temprano, va a requerir una ampliación creo, que como mínimo de un año, ya que el financiamiento va a llevar su tiempo y el traer las nuevas unidades al país también”, expresó.