Costa Rica vuelve a ocupar un lugar muy destacado en la libertad de prensa y la libertad de expresión, aunque bajó tres puestos en el informe del 2022 sobre estos hechos.

Según la clasificación hecha por la agrupación Reporteros sin fronteras, nuestro país está en el octavo lugar en el planeta y es el único de América Latina entre los primeros 25 puestos. Eso sí, en el informe del 2021 ocupaba el quinto sitio.

Los primeros diez lugares en el informe del 2022 los tienen Noruega, Dinamarca, Suecia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Portugal, Costa Rica, Lituania y Liechtenstein.

Venezuela (159), Nicaragua (160), Honduras (165), Cuba (173) tienen situaciones “muy graves”, según el documento.

Un caso excepcional

En el caso de Costa Rica, Reporteros sin fronteras dice: “La libertad de prensa y la libertad de expresión son dos principios muy respetados. El país es una excepción en América Latina, una región carcomida por la corrupción, la inseguridad y la violencia cotidiana contra la prensa”.

Y añade: “El panorama costarricense de los medios de comunicación es muy diverso. Varios medios tienen cobertura nacional y la prensa regional y local es variada: económica, estatal, cultural, religiosa, universitaria… Los periodistas pueden ejercer el oficio sin obstáculos y trabajan dentro de un sólido marco jurídico en términos de libertad de expresión”.

El informe hace ver que una delegación de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que visitó nuestro país en las elecciones presidenciales recientes pudo comprobar que Costa Rica cuenta con un sistema electoral sólido que inspira confianza.

“La separación de poderes del país es respetada y no existe un partido dominante, lo que promueve el diálogo entre los diferentes grupos en los debates legislativos. El Estado no acostumbra interferir en el trabajo de la prensa, a pesar de que los periodistas pueden tener problemas puntuales para acceder a las informaciones de interés público”.

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El documento recuerda que nuestra Constitución Política establece que “ningún individuo puede ser molestado o perseguido por expresar sus opiniones, y que todos tienen el derecho de comunicar y publicar su opinión sin censura”.

Libertad completa

Dice además que Costa Rica firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece, en su artículo 13, “el derecho individual a la libertad de pensamiento y expresión, y que la libertad de expresión no puede ser restringida por ningún medio.

“No existe una regulación sobre las noticias falsas: el país ha apostado por la educación para contrarrestarlas”, añade. En este punto se refiere a iniciativas llevadas a cabo por los propios medios de comunicación para desmentir mentiras que circulan con frecuencia por las redes sociales.

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“La situación económica de Costa Rica ha mejorado tras el impacto de la pandemia de covid-19. Sus principales fuentes de ingresos son la exportación de material médico y de precisión, la industria alimentaria, las empresas farmacéuticas, la fabricación de productos eléctricos y electrónicos, la metalurgia y la producción de plástico. Teniendo en cuenta el importante déficit presupuestario, el gobierno ha realizado recortes en varios sectores, incluído el publicitario, con el consiguiente impacto sobre varios medios”, detalla el informe.

Periodismo protegido

Reporteros sin fronteras se fijó mucho en un tema relevante: “La población confía ampliamente en los medios de información y en las redes sociales.

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“La televisión sigue siendo su principal fuente de información, seguida de las conversaciones con familiares y amigos, las redes sociales, la radio y los periódicos. Puntualmente, los medios pueden ser objeto de intimidaciones durante la cobertura de las manifestaciones por parte de sus participantes”.

El documento resalta que “a día de hoy en Costa Rica, los periodistas no sufren ni hostigamiento, ni amenazas, ni vigilancia, ni encarcelaciones por parte del gobierno. Algunos políticos han llegado a criticar a la prensa, pero estos casos siguen siendo excepcionales.

“El periodismo está protegido por la legislación del país, y la Sala Constitucional garantiza la protección de la confidencialidad de las fuentes y el secreto profesional”.